La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura clara respecto a la situación jurídica de los 18 detenidos en el estado de Guanajuato tras los recientes disturbios en la entidad. La mandataria aseguró que los actos cometidos por estos individuos no encuadran en el delito de terrorismo, a pesar de las intenciones previas manifestadas por autoridades estatales de procesarlos bajo dicha figura legal.
Durante su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal explicó que, si bien los detenidos participaron en hechos violentos que alteraron el orden público —presuntamente tras operativos relacionados con el entorno de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho"—, sus acciones deben ser juzgadas bajo otros tipos penales. Sheinbaum Pardo señaló que los cargos adecuados podrían incluir la interrupción de vías de comunicación y daño a la propiedad ajena, pero enfatizó que tales conductas "no tienen nada que ver con terrorismo".
Esta declaración surge como una respuesta directa a lo informado previamente por Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato. El funcionario estatal había indicado que, de las 48 personas arrestadas originalmente durante los enfrentamientos y bloqueos, al menos 18 serían presentadas ante la justicia bajo cargos de terrorismo, una medida que buscaba endurecer las sanciones ante la gravedad de los ataques a comercios y vehículos de transporte.
Al respecto, la presidenta subrayó que el delito de terrorismo se encuentra "perfectamente" determinado y delimitado tanto en el Código Penal Federal como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la administración federal, el uso de este término requiere un análisis técnico riguroso que, según su criterio, no se cumple con los eventos registrados recientemente en suelo guanajuatense, los cuales calificó como actos delictivos graves pero de distinta naturaleza jurídica.
El debate sobre la tipificación de estos actos no es menor en el contexto actual de seguridad en México. Mientras que algunos gobiernos locales abogan por castigos ejemplares bajo leyes de terrorismo para disuadir la violencia del crimen organizado, el Gobierno de México mantiene una línea de estricto apego a la legalidad técnica. Con esta precisión, Sheinbaum busca unificar criterios en la estrategia de seguridad nacional, evitando interpretaciones que puedan complicar los procesos judiciales o generar repercusiones políticas innecesarias.
