La opacidad financiera que suele rodear a las grandes organizaciones criminales en México ha sufrido un nuevo golpe. Recientemente, trascendió la filtración de un documento que presuntamente detalla la nómina operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal con mayor presencia en el territorio nacional, liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho'.
El documento filtrado, del cual se han hecho eco diversos medios locales, ofrece una visión inédita sobre la estructura de costos y la profesionalización delictiva del cártel. En esta supuesta lista de pagos se desglosan los salarios destinados a diferentes niveles de la jerarquía criminal, desde los eslabones más bajos hasta los puestos de mando medio y regional. Los conceptos incluyen remuneraciones para 'halcones' (vigilantes), sicarios y lugartenientes, quienes reciben pagos diferenciados según su peligrosidad, ubicación y responsabilidades dentro de la organización.
Uno de los puntos más críticos y alarmantes de la información revelada es la sección dedicada a los sobornos. Según la filtración, el CJNG destina una parte significativa de sus ingresos al pago de cuotas a diversas autoridades. Aunque el reporte no precisa nombres de funcionarios específicos, se sugiere que estos incentivos económicos tienen como objetivo garantizar la impunidad, facilitar el trasiego de drogas y obtener información privilegiada sobre operativos de seguridad en zonas estratégicas.
Para el contexto mexicano, esta filtración no solo confirma el poder adquisitivo del grupo delictivo, sino que también pone de manifiesto el desafío institucional que representa la corrupción vinculada al narcotráfico. La administración de una 'nómina' formal por parte de un cártel demuestra un nivel de organización empresarial que les permite mantener el control territorial en estados clave como Jalisco, Colima y Michoacán.
Este hallazgo administrativo se suma a los esfuerzos de inteligencia por entender los mecanismos de financiamiento del CJNG. Mientras las autoridades federales continúan con la estrategia de bloqueo de cuentas bancarias y activos, la existencia de pagos en efectivo a una base operativa tan amplia sigue siendo el principal motor de la violencia en el país. Hasta el momento, ninguna dependencia oficial ha emitido un comunicado confirmando la validez total del documento, pero expertos en seguridad señalan que las cifras coinciden con los estándares del mercado negro en la región.
