Recientemente se ha dado a conocer una filtración que pone al descubierto la presunta estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. Los documentos, difundidos inicialmente por fuentes periodísticas como El Informador, detallan no solo los sueldos que perciben los integrantes de los diversos niveles de la organización, sino también una compleja red de sobornos destinados presuntamente a servidores públicos de distintos niveles de gobierno.
La información filtrada permite observar de manera inédita el escalafón salarial dentro de uno de los grupos delictivos más poderosos de México. En la base de esta pirámide operativa se encuentran los denominados 'halcones', cuya función principal es la vigilancia y el reporte de movimientos de las fuerzas de seguridad; ellos perciben los salarios más bajos de la estructura. Un peldaño arriba se sitúan los sicarios, encargados de las acciones violentas y la protección de territorios, cuyos ingresos varían dependiendo de su nivel de especialización y el grado de peligrosidad de sus misiones.
En la parte superior de esta nómina operativa aparecen los lugartenientes o jefes de plaza. Estos mandos medios y altos son los responsables de coordinar las operaciones logísticas y tácticas en regiones específicas, recibiendo remuneraciones significativamente superiores que reflejan su responsabilidad dentro del esquema delictivo. No obstante, el apartado que ha generado mayor controversia es el destinado a los sobornos. Según los reportes, el cártel mantendría una política sistemática de pagos a autoridades para garantizar la impunidad de sus actividades ilícitas, facilitar el trasiego de drogas y recibir información anticipada sobre operativos oficiales.
Este tipo de filtraciones subraya la capacidad de penetración que el crimen organizado ha logrado en diversas instituciones mexicanas, lo que representa un desafío crítico para la seguridad nacional y el Estado de Derecho. La estructura detallada en los documentos coincide con patrones de operación que expertos en seguridad han documentado anteriormente, lo que añade una capa de verosimilitud a la información, a pesar de que las autoridades competentes aún no han validado de forma oficial la totalidad del documento.
El conocimiento de estos montos permite a los analistas y a la ciudadanía dimensionar el poderío económico de una organización que disputa el control de gran parte del territorio nacional. Mientras la violencia persiste en entidades clave para el cártel, esta revelación reaviva el debate sobre la urgencia de combatir la corrupción institucional como vía principal para debilitar las finanzas y la operatividad de los grupos criminales en México. La transparencia en torno a estas estructuras financieras es fundamental para entender el funcionamiento interno de las mafias que afectan la paz pública.
