La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró filas en torno a la propuesta de reforma electoral que impulsa su administración, descartando cualquier posibilidad de entablar negociaciones que busquen preservar el actual sistema de representación proporcional. Durante su reciente intervención ante los medios de comunicación, la titular del Ejecutivo Federal fue enfática al señalar que el proyecto legislativo no está sujeto a modificaciones que diluyan su objetivo principal de transformar el sistema de representación política en el país.
“No vamos a entrar a una negociación” de la reforma electoral para mantener las listas de representación proporcional, subrayó Sheinbaum Pardo, dejando clara la postura de su gobierno frente a uno de los puntos más debatidos de la iniciativa. La mandataria argumentó que el esquema actual de legisladores plurinominales no forma parte del nuevo modelo que se busca implementar, el cual tiene como eje central la elección directa y la optimización de los recursos públicos destinados a la política.
Ante las voces críticas de la oposición y de diversos sectores de la sociedad civil que han expresado preocupación por el impacto de estos cambios en la pluralidad política, la presidenta desestimó que la reforma represente un retroceso para el orden institucional. Aseguró firmemente que su propuesta “no genera ninguna incertidumbre ni nada que pueda significar una afectación a la democracia en México”. Por el contrario, la mandataria sostuvo que el fortalecimiento de los mecanismos electorales es una prioridad que dotará de mayor legitimidad al sistema.
En materia económica, un rubro de especial sensibilidad para los mercados financieros, Sheinbaum Pardo envió un mensaje de certidumbre a la iniciativa privada y a los capitales extranjeros. Afirmó que los cambios en el marco legal electoral no interfieren con el clima de negocios ni con la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo económico. Según la jefa del Estado mexicano, el país mantiene condiciones de estabilidad robustas que garantizan que México siga siendo un destino atractivo para la inversión productiva.
Esta postura se da en un contexto donde el gobierno federal busca consolidar el llamado “Plan C”, un paquete de reformas constitucionales que pretenden reconfigurar la estructura del Estado mexicano. Con esta declaración, la administración de Sheinbaum reafirma su intención de avanzar con su agenda legislativa en el Congreso, priorizando el mandato obtenido en las urnas por encima de acuerdos cupulares con las fuerzas políticas de oposición.
