La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, remitió formalmente al Congreso de la Unión una ambiciosa iniciativa de reforma electoral que busca reconfigurar los cimientos de la democracia en el país. El proyecto, que surge tras un extenso proceso de deliberación, tiene como eje central que la representación política sea una expresión directa de la voluntad ciudadana y no el resultado de negociaciones internas entre las dirigencias de los partidos políticos.
Previo al envío del documento, la mandataria federal sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, coordinada por Pablo Gómez Álvarez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Gómez detalló que la propuesta es fruto de un ejercicio de parlamento abierto que incluyó 63 audiencias públicas, de las cuales 24 se desarrollaron en la capital del país, permitiendo integrar diversas visiones sobre el futuro del sistema de partidos y la representación popular.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, el Ejecutivo considera que México atraviesa una transformación profunda iniciada en 2018. Esta evolución se ha consolidado con la reciente transición hacia la elección por voto popular de los integrantes de los tres poderes de la Unión. No obstante, el documento señala que, mientras el ejercicio del poder y los programas sociales han cambiado la relación política con la ciudadanía, la estructura de representación y el sistema de partidos han permanecido estáticos, conservando vicios del pasado.
Uno de los pilares de la reforma de Sheinbaum es el fortalecimiento de la democracia participativa. Pablo Gómez explicó que, actualmente, las consultas populares enfrentan excesivas trabas normativas que limitan la intervención de la sociedad en las decisiones públicas. Por ello, se propone establecer reglas básicas comunes para los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, creando un Sistema Nacional de Consultas Populares que garantice este derecho de manera uniforme en todo el territorio mexicano.
En el rubro presupuestario, la iniciativa adopta lo que el gobierno denomina una "posición equilibrada". La reforma plantea una reducción significativa en el financiamiento público anual que reciben los partidos políticos, respondiendo a una demanda social de austeridad. El objetivo final, según la propuesta presidencial, es transitar hacia un modelo donde la pluralidad política emane del voto directo, obligando a todos los actores políticos a buscar legítimamente el respaldo de las y los mexicanos en las urnas.
