CIUDAD DE MÉXICO — Durante la denominada "Mañanera del Pueblo", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los detalles de una ambiciosa iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que busca transformar el sistema democrático del país. El proyecto, que consta de diez puntos clave, tiene como objetivo principal fortalecer la representación popular y aplicar políticas de austeridad en los organismos encargados de organizar los comicios.
Acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la mandataria detalló que esta propuesta responde a un interés ciudadano reflejado en diversas consultas y encuestas nacionales. Uno de los pilares más relevantes de la reforma es la modificación en la elección de legisladores por representación proporcional. La propuesta busca que quienes ocupen estas curules cuenten con el respaldo directo de la ciudadanía en las urnas, eliminando las listas cerradas gestionadas por las dirigencias partidistas.
"Si existen, que se elijan de una manera distinta, que no sea de listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad nunca van a buscar el voto con la gente", enfatizó la jefa del Ejecutivo. Con esta medida, se pretende que todos los diputados y diputadas, sin excepción, sean sometidos al escrutinio del voto popular directo, transformando la dinámica interna de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión.
Otro eje fundamental de la iniciativa es la reducción drástica del costo de la democracia en México. La administración federal argumenta que los procesos electorales en el país se encuentran entre los más caros del mundo, por lo que se plantea una disminución en el presupuesto otorgado a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). La meta es alcanzar un consenso de unanimidad sobre la necesidad de evitar gastos onerosos en el erario público.
Finalmente, la reforma incluye un ajuste salarial estricto bajo los principios de la austeridad republicana. La propuesta establece que los consejeros electorales no podrán percibir remuneraciones mayores a las de la Presidenta de la República. Con este paquete de cambios, el Gobierno de México busca consolidar una estructura electoral más eficiente, menos costosa y directamente vinculada al mandato popular, enviando la iniciativa al Poder Legislativo para su análisis y posible aprobación.
