El Gobierno de México ha puesto sobre la mesa una de las transformaciones legislativas más profundas de los últimos años al presentar formalmente su iniciativa de reforma electoral ante el Congreso de la Unión. El eje central de esta propuesta, que ya genera intensos debates en los círculos políticos del país, es la reducción significativa del número de integrantes de la Cámara de Senadores, pasando de los actuales 128 representantes a solamente 96.
Esta medida forma parte de un paquete integral de modificaciones constitucionales que busca, según la exposición de motivos del Ejecutivo Federal, optimizar el funcionamiento del Congreso y reducir la carga presupuestaria que representa el aparato legislativo para el erario público. La transición a un modelo de 96 escaños implica una reconfiguración sustancial de la representación estatal en el Pacto Federal, eliminando espacios que actualmente se asignan bajo criterios distintos a la mayoría relativa.
En la actualidad, el Senado de la República se integra por 128 legisladores: 64 elegidos por el principio de mayoría relativa (dos por cada estado y la Ciudad de México), 32 asignados a la primera minoría y 32 electos mediante el sistema de representación proporcional a través de listas nacionales. La reducción planteada por la administración federal sugiere la eliminación de las senadurías plurinominales, dejando exclusivamente a los tres representantes electos por cada entidad federativa.
Desde la perspectiva del Gobierno federal, esta reducción no solo representa un ahorro económico considerable en términos de dietas, asesores y gastos operativos, sino que también busca fortalecer el vínculo directo entre el electorado y sus representantes. Se argumenta que un Senado más compacto permitiría una deliberación más ágil y un control más estricto sobre el gasto legislativo, alineándose con las políticas de austeridad republicana impulsadas durante el presente sexenio.
No obstante, la iniciativa ya ha comenzado a suscitar reacciones encontradas. Mientras que los simpatizantes del bloque oficialista defienden la propuesta como un paso necesario hacia la modernización administrativa, diversas voces de la oposición y especialistas en derecho constitucional advierten sobre los riesgos de este recorte. Entre las preocupaciones principales destaca la posible pérdida de pluralidad política y la reducción de la representatividad de las minorías en la Cámara Alta.
Para que esta reforma logre concretarse, al tratarse de una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requerirá de la aprobación por mayoría calificada —dos terceras partes de los presentes— en ambas cámaras del Congreso, así como el aval de la mayoría de las legislaturas locales. El proceso legislativo que inicia ahora será determinante para el futuro del sistema democrático nacional.
