En una jornada marcada por la tensión legislativa en el Congreso de la Unión, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) manifestaron su rechazo unánime a la propuesta de reforma electoral. La negativa del bloque opositor no solo se centra en la estructura administrativa del sistema de votos, sino que pone el dedo en la llaga sobre uno de los temas más sensibles para la democracia mexicana: la infiltración del dinero ilícito en las urnas.
Los legisladores de oposición fueron enfáticos al señalar que cualquier modificación a las leyes electorales debe priorizar mecanismos de blindaje contra el financiamiento proveniente del narcotráfico. Según los portavoces de estas bancadas, el marco legal vigente aún presenta vacíos que permiten al crimen organizado incidir en los resultados locales y federales, por lo que exigieron la tipificación de sanciones más severas y un monitoreo en tiempo real de los flujos de efectivo durante los procesos proselitistas.
Durante el debate en las comisiones, los representantes del PAN y el PRI alertaron también sobre diversas irregularidades en el proceso de discusión parlamentaria. Entre estas quejas destacó la denuncia sobre el uso de los llamados "acordeones" o guías de apoyo prefabricadas por parte de los promotores de la reforma. Los opositores argumentaron que estos documentos demuestran una falta de análisis genuino y un intento de imponer una agenda sin el debido estudio técnico que requiere una modificación de tal magnitud constitucional.
Por su parte, Movimiento Ciudadano subrayó que la reforma, tal como está planteada, no garantiza la equidad en la contienda y, por el contrario, parece ignorar la creciente amenaza que representa la violencia política en diversas regiones del país. Para el bloque opositor, la prioridad nacional no debe ser el desmantelamiento de las instituciones electorales, sino el fortalecimiento de la vigilancia para evitar que los recursos de procedencia ilícita definan a los gobernantes.
Este nuevo choque en el Legislativo ocurre en un contexto de alta polarización, donde la fiscalización de los recursos de campaña se ha convertido en el principal campo de batalla. Con esta postura, el PAN, PRI y MC cierran filas para exigir que la discusión electoral parta de una base de seguridad nacional y transparencia absoluta, dejando claro que no habrá avance legislativo sin garantías reales contra la narco-política.
