lazaro propone: El PAN en San Lázaro propone reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prohibir que menores de 16 años utilicen redes sociales. Esta iniciativa del diputado Ernesto Sánchez busca establecer un control estricto sobre el consumo digital infantil para erradicar delitos graves como el sexting y el grooming. La propuesta establece que el acceso a estas herramientas debe ser regulado con la misma rigurosidad que productos restringidos como el alcohol, asumiendo que el entorno digital actual representa un riesgo sistémico para el desarrollo neurobiológico y la integridad física de los jóvenes.
El sustento técnico de la propuesta radica en las alarmantes tasas de ciberacoso y adicción digital que afectan a la población juvenil en México. Según cifras del INEGI, millones de menores de edad navegan diariamente sin supervisión directa, lo que los expone a depredadores digitales. La reforma obligaría a quienes ejercen la patria potestad o tutela a autorizar, verificar y, en caso necesario, cancelar las cuentas de aplicaciones digitales de los adolescentes bajo su cargo, transfiriendo una responsabilidad legal directa a los padres sobre la actividad en línea de los menores. (Lee también: Higinio Martínez frena al PVEM: las razones por las que Morena iría solo en 2027.)
Esta medida guarda una estrecha relevancia para España y el resto de Latinoamérica, donde el debate sobre la edad mínima de consentimiento digital está en un punto crítico. Mientras que en varios países de la región la edad permitida oscila entre los 13 y 14 años, la iniciativa de México se alinea con las tendencias más restrictivas de la Unión Europea. La implementación de una restricción a los 16 años colocaría al mercado mexicano en un régimen de protección digital de alta intensidad, buscando mitigar el impacto de las redes en la salud mental de las nuevas generaciones. (Lee también: Por qué el PAN en CDMX critica el abandono de los migrantes.)
Para la industria tecnológica, esta iniciativa de San Lázaro propone un cambio disruptivo en los protocolos de verificación de identidad. De aprobarse, los proveedores de servicios digitales deberán implementar sistemas de autenticación más robustos, posiblemente biométricos o vinculados a documentos oficiales, para garantizar que ningún menor de 16 años cree perfiles sin la validación explícita de un tutor. Este ajuste operativo implicaría una inversión técnica considerable para las plataformas que operan en territorio nacional, alterando el ecosistema de datos personales actual. (Lee también: El dato que Velasco considera clave para que Sheinbaum evite la revocación.)
El proceso legislativo se encuentra actualmente en su fase de presentación ante las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados. Se espera que en las próximas semanas se inicie un debate técnico que incluya a expertos en ciberseguridad, pedagogos y representantes de la industria tecnológica. El objetivo final es determinar la viabilidad de la fiscalización estatal sobre el uso privado de dispositivos móviles y establecer sanciones claras para los proveedores que no cumplan con los nuevos filtros de edad propuestos por la bancada panista.
