En un movimiento sin precedentes dentro del continente europeo, el gobierno de Noruega ha formalizado su intención de aumentar la edad mínima legal para el uso de redes sociales, elevando el límite de los 13 a los 15 años. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, calificó esta iniciativa como una medida necesaria para proteger el desarrollo cognitivo y emocional de los menores frente al poder de los algoritmos diseñados por las grandes empresas tecnológicas.

La propuesta surge tras una serie de estudios que vinculan el uso excesivo de plataformas digitales con problemas de salud mental, falta de concentración y la exposición temprana a contenidos inapropiados. Según las autoridades noruegas, aunque la mayoría de las plataformas ya estipulan una edad mínima de 13 años en sus términos de servicio, dicha restricción es fácilmente vulnerada por los usuarios mediante la falsificación de fechas de nacimiento. Por ello, el plan legislativo contempla una reforma a la Ley de Datos Personales del país nórdico, exigiendo a las compañías implementar métodos de verificación de edad más estrictos y confiables.

Støre ha sido enfático al declarar que se trata de una batalla contra los gigantes de Silicon Valley. El mandatario señaló que los niños deben ser protegidos de la explotación comercial y de la recopilación masiva de datos que realizan las plataformas para alimentar sus modelos de negocio. Esta postura ha resonado en otros países de la región, como Francia y el Reino Unido, que también analizan endurecer sus marcos regulatorios en materia de seguridad digital para menores.

En el contexto de México, esta noticia cobra una relevancia particular. Actualmente, el marco legal mexicano, a través de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), no establece una prohibición de edad obligatoria para el uso de redes sociales, delegando esa responsabilidad a los términos y condiciones de las plataformas extranjeras. No obstante, expertos en ciberseguridad y derechos de la infancia en México han advertido sobre la creciente necesidad de una legislación nacional que armonice el derecho al acceso a la información con la protección integral de la identidad y bienestar de los menores en el entorno digital.

El anuncio de Noruega podría servir como una hoja de ruta para futuras políticas públicas en América Latina, donde la brecha digital y la falta de supervisión en línea representan desafíos constantes. Por ahora, el gobierno noruego ha iniciado consultas con grupos de padres de familia y especialistas para asegurar que la implementación de esta prohibición no vulnere el acceso a la comunicación esencial, pero que logre desarticular la influencia dañina de las redes sociales en la infancia.