México enfrenta un desafío estructural profundo en su mercado laboral y en la capacidad adquisitiva de sus ciudadanos. De acuerdo con los indicadores más recientes proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre del año pasado, el 32.3 por ciento de la población mexicana se encontró en una situación de pobreza laboral. Esto significa que aproximadamente 42.3 millones de personas habitan en hogares cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria básica para todos sus integrantes.
Esta cifra pone de relieve la precariedad que aún impera en diversos sectores de la economía nacional. A pesar de los esfuerzos por incrementar el salario mínimo y fomentar la formalidad en los últimos periodos, una tercera parte de la población sigue sin poder garantizar el sustento alimentario mínimo indispensable exclusivamente con los frutos de su trabajo. La pobreza laboral no solo refleja la falta de empleo, sino también la baja calidad y la insuficiente remuneración de las plazas existentes en el mercado actual.
Uno de los puntos más críticos que destaca la información del Inegi es la persistente brecha de género. Las mujeres continúan siendo el grupo más vulnerable ante este fenómeno económico. La falta de igualdad salarial, la carga desproporcionada del trabajo no remunerado de cuidados y la inserción recurrente en sectores informales de baja productividad son factores que perpetúan la pobreza laboral femenina. El reporte subraya que la dificultad para acceder a ingresos dignos tiene un rostro predominantemente femenino, lo que agrava la desigualdad social sistémica en el país.
Expertos en economía señalan que, aunque se han observado recuperaciones en ciertos indicadores macroeconómicos, el impacto real en los hogares mexicanos sigue siendo limitado por la volatilidad en los precios de los productos de primera necesidad. La canasta básica, que incluye insumos esenciales para la nutrición de las familias, ha mantenido una presión inflacionaria que erosiona el poder adquisitivo, impidiendo que millones de personas salgan del umbral de la carencia alimentaria.
La situación plantea un reto urgente para las políticas públicas y el sector privado en México. No basta con la generación de puestos de trabajo; es imperativo que estos sean de calidad y que el crecimiento económico se traduzca en una mejora tangible para los 42.3 millones de mexicanos que hoy luchan por cubrir sus necesidades más elementales. La reducción de la brecha de género y el fortalecimiento de los ingresos reales se perfilan como las metas más apremiantes para garantizar un desarrollo equitativo en el corto y mediano plazo.
