En un hito sin precedentes para la economía nacional, México ha logrado reducir la pobreza laboral a su mínimo histórico durante el primer periodo de 2025. Este indicador, que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral es inferior al valor de la canasta alimentaria básica, muestra una tendencia de recuperación que refleja cambios significativos en la estructura salarial del país.

De acuerdo con los datos más recientes, los estados de Querétaro y Aguascalientes se posicionaron como los referentes nacionales en esta materia, logrando las reducciones más drásticas en sus niveles de carencia por ingresos. Ambas entidades, que cuentan con economías altamente industrializadas y una fuerte presencia de los sectores automotriz y aeroespacial, han sabido capitalizar la inversión extranjera para fortalecer su mercado interno y elevar el bienestar de sus trabajadores.

Analistas y especialistas en materia económica coinciden en que este fenómeno responde principalmente a la recuperación del ingreso real. El fortalecimiento del poder adquisitivo, derivado de las revisiones salariales y una mayor estabilidad en los precios de los productos básicos, ha permitido que un mayor número de familias mexicanas logren cubrir sus necesidades nutricionales mínimas exclusivamente con el fruto de su trabajo.

La pobreza laboral es un termómetro crucial para la salud social de México, ya que permite observar si el crecimiento económico se traduce efectivamente en una mejora para la fuerza laboral. El hecho de que entidades con un perfil manufacturero tan marcado lideren esta caída sugiere que la industrialización y la creación de empleos formales de alta especialización son los caminos más eficaces para combatir la precariedad económica.

No obstante, los expertos advierten que, aunque las cifras son alentadoras a nivel nacional, el reto persiste en cerrar la brecha entre el norte y bajío industrializado frente a las entidades del sur-sureste del país. La consolidación de estos mínimos históricos dependerá de la capacidad del sector privado y del gobierno para mantener el dinamismo del empleo formal y asegurar que los incrementos en la productividad sigan beneficiando de manera directa al bolsillo de los ciudadanos en lo que resta del año.