En una resolución que marca un nuevo capítulo en el prolongado conflicto por el control de la planta de la Cooperativa Cruz Azul en Jasso, Hidalgo, un juez de control estatal determinó la liberación de 24 de las 33 personas que habían sido detenidas tras un reciente operativo policial. La decisión judicial, aunque otorga la libertad a la mayoría de los implicados, viene acompañada de estrictas medidas cautelares que buscan evitar nuevos enfrentamientos en la zona de Tula de Allende.

Durante la audiencia, la autoridad judicial analizó la situación jurídica de los señalados y determinó que el proceso legal puede continuar sin que estos permanezcan en prisión preventiva. No obstante, se establecieron restricciones contundentes: los 24 liberados tienen prohibido terminantemente acercarse a las instalaciones de la empresa cementera, así como a cualquier inmueble relacionado con la cooperativa en la región hidalguense.

Un punto destacado de la resolución es la imposición de una sanción que vincula a los implicados con la comunidad local. El juez ordenó que los beneficiados con esta libertad condicionada deberán prestar servicio social obligatorio a favor de la Presidencia Municipal de Tula de Allende. Esta medida busca resarcir el impacto social causado por las constantes movilizaciones y altercados en la zona, obligando a los involucrados a realizar tareas de utilidad pública bajo supervisión de las autoridades municipales.

Respecto a los nueve detenidos restantes, su estatus legal permanece bajo reserva o en etapas procesales distintas, ya que podrían enfrentar cargos que ameritan medidas cautelares de mayor severidad. El operativo que dio origen a estas detenciones se inserta en la pugna legal y administrativa que diversas facciones mantienen por la propiedad y operación de una de las plantas de cemento más importantes de México.

El conflicto en la Cooperativa Cruz Azul ha escalado en los últimos años, afectando no solo la economía regional de Tula, sino también la seguridad de los habitantes de Jasso y sus alrededores. Las autoridades del estado de Hidalgo han reiterado que, aunque se respetan los derechos procesales de los involucrados, se mantendrá un despliegue de seguridad permanente en las inmediaciones de la fábrica para garantizar que las restricciones de acceso sean respetadas y se evite un nuevo estallido de violencia.

Por el momento, la Presidencia Municipal de Tula de Allende se encuentra a la espera de la notificación oficial para coordinar las brigadas de servicio social en las que participarán los implicados, mientras que los equipos legales de la cooperativa siguen de cerca el desarrollo de las investigaciones complementarias.