En un giro histórico para el mercado de trabajo en el Cono Sur, el Congreso de Argentina aprueba de manera definitiva la reforma laboral propuesta por la administración del presidente Javier Milei. Este viernes 27 de febrero, el Senado ratificó los cambios legislativos con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, concluyendo así un proceso parlamentario que ha mantenido en vilo a los sectores sindicales y empresariales de la región.
La nueva normativa, denominada oficialmente Ley de modernización laboral, sustituye un marco regulatorio que databa de 1976. Entre sus puntos más disruptivos se encuentra la reducción en la base de cálculo para las indemnizaciones por despido y la implementación de jornadas laborales que podrán extenderse hasta las 12 horas sin la obligación de pagar horas extra. Asimismo, el texto limita severamente el derecho a huelga y la actividad de los sindicatos, elementos que la oposición ha calificado como un retroceso en las conquistas laborales de las últimas décadas.
Lo que hoy es noticia definitiva es la ratificación final por parte de la Cámara Alta. Cabe recordar que el proyecto había sido aprobado inicialmente por el Senado el 11 de febrero, pasando luego a la Cámara de Diputados donde sufrió modificaciones. Al regresar este viernes a su cámara de origen, los legisladores dieron el visto bueno final a los ajustes realizados, dejando la ley lista para su promulgación por el Poder Ejecutivo.
Durante el debate, el senador oficialista Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza (LLA), defendió la medida asegurando que el sistema ahora se vuelve "más económico y ágil", facilitando el registro formal de empleados. No obstante, desde el bloque peronista, figuras como Jorge Capitanich y Mariano Recalde lanzaron fuertes críticas a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Según los opositores, este mecanismo destinado a cubrir despidos mediante aportes patronales constituye un "incentivo a los despidos" y una estatización de deudas privadas.
Para el lector en México, este suceso representa un caso de estudio sobre las políticas de desregulación extrema en América Latina. Tras esta aprobación, solo resta esperar la publicación oficial del decreto y observar la reacción de las centrales obreras, que ya han amagado con desafíos legales ante lo que consideran una violación a los derechos constitucionales del trabajador.
