En una jornada que redefine el futuro económico de la nación austral, el Congreso de Argentina ratificó este viernes la ambiciosa reforma laboral propuesta por el Gobierno de Javier Milei. Tras intensos debates parlamentarios, el legislativo aprobó un paquete de medidas que flexibiliza las jornadas horas de trabajo y modifica sustancialmente el esquema de contrataciones y despidos, rompiendo con una tradición de conquistas sindicales que datan de mediados del siglo XX.

El núcleo de la reforma, integrada en la denominada 'Ley Bases', introduce cambios profundos en la cotidianidad de los trabajadores. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la creación de un sistema de 'banco de horas', que permite a las empresas reconfigurar las jornadas horas según las necesidades de producción, abriendo la puerta a turnos de hasta 12 horas diarias sin que esto necesariamente represente el pago de horas extras de forma inmediata, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre jornadas.

Para el lector en México, este movimiento resulta particularmente llamativo. Mientras que en el Congreso mexicano se debate actualmente la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales para fortalecer el descanso del trabajador, Argentina camina en la dirección opuesta, apostando por la desregulación extrema. El plan de Milei busca incentivar la contratación en un país con una inflación asfixiante y altos índices de informalidad, eliminando multas para empresas que no registraron correctamente a sus empleados en el pasado.

Lo nuevo hoy es la confirmación legislativa total del texto, lo que otorga al Ejecutivo las herramientas legales para implementar el periodo de prueba extendido (que pasa de tres a seis meses, e incluso hasta un año en empresas pequeñas) y el nuevo fondo de cese laboral, inspirado en el modelo de la construcción, que sustituye la indemnización tradicional por despido.

Sin embargo, el panorama no está completamente despejado. Lo que falta por confirmar es la respuesta de las centrales obreras, como la CGT, que ya han advertido sobre una posible ola de amparos judiciales por considerarla inconstitucional. El mercado laboral argentino entra ahora en una fase de transición donde la implementación práctica y los desafíos en los tribunales determinarán si esta reforma logra el crecimiento económico prometido por la Casa Rosada o si desemboca en una mayor precarización social.