La excandidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, denunció públicamente haber sido notificada de una demanda en su contra por presunto daño moral. El recurso legal fue interpuesto por Carlos Ímaz Gispert, activista y exesposo de la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en relación con las declaraciones y materiales exhibidos durante la contienda electoral de 2024.

En un encuentro con medios de comunicación y a través de un video difundido en sus redes sociales, Gálvez detalló que la demanda se fundamenta en los hechos ocurridos durante el debate presidencial del 28 de abril de 2024. En aquel encuentro, la entonces abanderada de la oposición mostró un video que data del año 2004, en el cual se observa a Ímaz guardando fajos de dinero en bolsas de plástico, un suceso que en su momento formó parte de los llamados "videoescándalos".

“El día de hoy me presento a defenderme de una demanda que me presenta el ex de la presidenta. Yo siempre he dicho que para demandar por daño moral hay que tener moral, pero bueno”, sentenció la política hidalguense al arribar a los juzgados. Gálvez argumentó que el material presentado es de conocimiento público y que su intención en el debate fue responder a los señalamientos directos que Claudia Sheinbaum realizó sobre sus empresas y patrimonio.

La ingeniera fue enfática al señalar que detrás de esta acción jurídica existe un interés estrictamente financiero por parte del demandante. “No sé cuál sea el argumento del señor para demandarme, porque lo que busca es una compensación económica. Eso es lo que hay en el fondo, dinero”, afirmó, sugiriendo que el proceso carece de sustento ético dada la naturaleza pública de las grabaciones exhibidas.

Gálvez también aprovechó para recordar que, pese a las múltiples auditorías y revisiones a las que han sido sometidas sus empresas por parte de diversas autoridades, no se ha encontrado ninguna irregularidad legal. En este sentido, calificó la demanda de Ímaz como una estrategia para silenciar su voz y limitar su libertad de expresión tras el proceso electoral. El caso ahora será analizado por las autoridades judiciales competentes para determinar si existe una responsabilidad civil o si prevalece el derecho a la información y el contexto de debate público.