Xóchitl Gálvez Ruiz, exaspirante a la presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, informó este miércoles que ha sido notificada formalmente de una demanda por daño moral interpuesta en su contra por Carlos Ímaz Gispert, académico y exesposo de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La política hidalguense acudió ante las autoridades correspondientes para atender el proceso, calificando la acción legal como un intento de coartar su libertad de expresión y de obtener un beneficio económico personal.

El origen de la disputa legal se remonta al debate presidencial celebrado el pasado 28 de abril de 2024. En aquel encuentro televisado, Gálvez exhibió imágenes de un video que data del año 2004, en el cual se observa a Ímaz recibiendo fajos de dinero en efectivo y colocándolos en bolsas, un material que en su momento formó parte de los llamados “videoescándalos” que sacudieron la política capitalina. Según la excandidata, el uso de este material fue un recurso legítimo de defensa y contraste ante los señalamientos realizados por la entonces candidata oficialista durante la contienda electoral.

“El día de hoy me presento a defenderme de una demanda que me presenta el ex de la presidenta. Yo siempre he dicho que para demandar por daño moral hay que tener moral, pero bueno”, declaró Gálvez ante los medios de comunicación. La senadora con licencia subrayó que los hechos presentados en el debate son del dominio público desde hace dos décadas y cuestionó que se le pretenda fincar responsabilidad jurídica por difundir información que es parte de la memoria periodística del país.

Gálvez aseguró con firmeza que detrás del litigio no existe una defensa legítima del honor, sino una ambición monetaria por parte del demandante. “No sé cuál sea el argumento del señor para demandarme, porque lo que busca es una compensación económica. Eso es lo que hay en el fondo, dinero”, afirmó. Asimismo, recalcó que, a pesar de haber sido objeto de múltiples auditorías en sus empresas, no se han encontrado irregularidades legales, contrastando su transparencia con la naturaleza de los videos exhibidos.

A través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), la excandidata reiteró que defenderá su derecho a la crítica política. Este proceso legal se suma a la serie de repercusiones post-electorales que continúan marcando la agenda entre los líderes de la oposición y el entorno cercano a la actual administración federal, en un contexto donde la libertad de discurso y el derecho a la información pública se encuentran en el centro del debate nacional.