Walmart, la cadena minorista más grande del mundo y una de las figuras corporativas con mayor peso en el mercado mexicano, ha aceptado desembolsar la cifra de 100 millones de dólares para resolver una demanda colectiva relacionada con su programa de entregas de última milla, Spark Driver. El litigio, que escaló en tribunales estadounidenses, señalaba que la compañía incurrió en prácticas de remuneración engañosas que afectaron los ingresos de miles de repartidores independientes.

De acuerdo con los detalles del caso, la demanda sostenía que Walmart proporcionaba información imprecisa a los conductores respecto a las propinas que recibirían por parte de los clientes. Los trabajadores alegaron que, además de las promesas de ingresos por gratificaciones que nunca se materializaban, la empresa reducía de manera arbitraria y sistemática el pago base por cada entrega realizada. Estas modificaciones en los algoritmos de pago resultaban en una compensación final significativamente menor a la que se les presentaba al momento de aceptar los pedidos a través de la aplicación.

El programa Spark Driver opera bajo un modelo de economía colaborativa o "gig economy", similar al de plataformas como Uber, Rappi o Didi, que gozan de una enorme popularidad en México. En este esquema, los conductores son considerados contratistas independientes y no empleados directos, lo que les obliga a cubrir sus propios gastos operativos, como combustible y mantenimiento de vehículos. El fallo a favor de un acuerdo económico subraya la creciente presión legal sobre las empresas tecnológicas para que mantengan una transparencia total en sus estructuras de compensación.

Para el contexto mexicano, esta noticia es de suma relevancia, ya que Walmart de México y Centroamérica (Walmex) es el principal empleador privado del país. Aunque este acuerdo específico corresponde a operaciones en el extranjero, sienta un precedente jurídico crucial en un momento donde el Gobierno de México y diversos sectores sociales discuten activamente la regularización de las plataformas digitales y la protección de los derechos de los repartidores.

Con el pago de estos 100 millones de dólares, Walmart busca evitar un juicio prolongado que podría haber expuesto aún más sus estrategias logísticas internas. Si bien el acuerdo pone fin a la disputa legal, la empresa no ha admitido formalmente haber cometido una infracción, presentándolo como una medida para cerrar un capítulo de incertidumbre financiera y operativa para su red de conductores.