La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto sobre la mesa una profunda reconfiguración del sistema político mexicano. A través de una propuesta de reforma electoral y legislativa, el Ejecutivo busca transformar la composición del Congreso de la Unión y aplicar un ajuste significativo al costo de la democracia en el país, bajo la premisa de devolver el poder a la ciudadanía y restárselo a las estructuras tradicionales de los partidos políticos.

Uno de los puntos más disruptivos de la iniciativa es la eliminación de 32 escaños en el Senado de la República. Actualmente, la Cámara Alta se compone de 128 legisladores; la reducción propuesta impactaría directamente en las senadurías de representación proporcional, con el fin de que el órgano legislativo sea más eficiente y representativo de la voluntad directa de las entidades federativas sin la carga burocrática excesiva que representan las listas plurinominales.

Respecto a la Cámara de Diputados, la reforma plantea un cambio de paradigma en la elección de los 200 legisladores plurinominales. La intención es modificar el método de asignación para que estos representantes dejen de ser designados exclusivamente por las listas cerradas de las dirigencias partidistas —una práctica frecuentemente criticada en México por beneficiar a figuras cercanas a las cúpulas— y pasen a ser sometidos a mecanismos de votación que garanticen una mayor legitimidad democrática.

En el ámbito económico, la propuesta establece una reducción del 25% en el gasto destinado tanto a los partidos políticos como a la organización de elecciones. Este ajuste se enmarca en la continuidad de la política de austeridad, argumentando que el sistema electoral mexicano es uno de los más costosos del continente y que es imperativo optimizar los recursos públicos en favor de programas sociales y proyectos de infraestructura.

Para concretar estos cambios, se requerirán reformas constitucionales que demandan una mayoría calificada en el Congreso. Mientras el bloque oficialista defiende la medida como una herramienta para profundizar la democracia, sectores de la oposición han señalado la importancia de analizar cómo estos recortes y cambios en la representación podrían afectar el equilibrio de poder y la voz de las minorías en el Poder Legislativo. El debate, que apenas comienza, marcará la agenda política nacional de los próximos meses.