El escenario legislativo en México vuelve a tensarse tras la presentación oficial de la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Los principales bloques de oposición en el Senado de la República —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC)— han adelantado que votarán en contra de la iniciativa, argumentando desde la falta de mecanismos contra la infiltración del crimen organizado hasta el riesgo de un retroceso democrático que comparan con modelos autoritarios.
Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), centró su crítica en la seguridad de los comicios. De acuerdo con el legislador, el proyecto enviado por el Ejecutivo carece de sanciones severas para partidos y candidatos que reciban financiamiento ilícito por parte del narcotráfico. Anaya calificó esta omisión como una señal de la supuesta resistencia de Morena a blindar las elecciones frente al crimen organizado, asegurando que esta es la razón central por la que su partido no acompañará la propuesta en el pleno.
Por su parte, la fracción de Movimiento Ciudadano, encabezada por Clemente Castañeda, advirtió que no permitirá que se repitan las tácticas de presión política o coacción que, a su juicio, se utilizaron durante la aprobación de la pasada reforma judicial. “No nos van a hacer manita de puerco, no nos van a hacer absolutamente nada”, afirmó Castañeda, asegurando que sus cinco senadores mantendrán un voto unificado. El legislador calificó de "sospechosa" cualquier reforma electoral que emane directamente del poder ejecutivo, subrayando que su bancada analizará minuciosamente "la letra chiquita" para identificar posibles amenazas al pluralismo y la democracia.
El tono más severo provino del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su coordinador, Manuel Añorve, tildó el proyecto como la “Ley Maduro”, sugiriendo que la reforma busca centralizar el control electoral y debilitar las instituciones autónomas del país. Esta postura consolida un bloque de contención que busca impedir que Morena y sus aliados alcancen la mayoría calificada necesaria para realizar modificaciones constitucionales de gran calado en la estructura electoral mexicana.
El debate ocurre en un contexto de alta polarización política, donde la oposición busca establecer un frente común tras las recientes reformas constitucionales. La discusión en las comisiones dictaminadoras y el posterior paso al pleno del Senado definirán si el gobierno federal logra fracturar la unidad opositora o si la reforma electoral se convierte en el próximo gran impasse legislativo del actual sexenio.
