Ciudad de México – El Instituto Nacional Electoral (INE) ha manifestado una postura de cautela institucional frente a la reciente propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. A través de un comunicado oficial, el órgano autónomo precisó que no emitirá un veredicto definitivo ni realizará proyecciones de impacto hasta que el documento sea entregado formalmente al Congreso de la Unión y se conozca su contenido íntegro.
La autoridad electoral subrayó que es fundamental conocer el articulado específico, los artículos constitucionales que se pretenden modificar y las disposiciones transitorias correspondientes para poder llevar a cabo un análisis técnico y operativo detallado. Este diagnóstico institucional buscará identificar los alcances, las implicaciones logísticas y las eventuales complejidades que la implementación de dichos cambios podría representar para el sistema democrático mexicano.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló este miércoles los ejes centrales de su iniciativa, entre los que destaca un recorte del 25% al presupuesto de la autoridad electoral. Este ajuste se pretende lograr, principalmente, a través de la reducción de los salarios de los consejeros electorales y la eliminación de diversas prestaciones, en línea con la política de austeridad republicana impulsada por la administración federal.
No obstante, persisten dudas sobre aspectos estructurales del Instituto. Si bien versiones preliminares de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, sugerían la eliminación de dos consejerías para reducir el Consejo General de 11 a 9 integrantes, la mandataria no confirmó este detalle en su presentación inicial. Este punto es de vital importancia para la operatividad del órgano colegiado, ya que alteraría la toma de decisiones en las diversas comisiones del INE.
El anuncio de la reforma ocurre en un momento de transición política y bajo la mirada atenta de diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales. El INE reiteró que su responsabilidad es garantizar la certeza y legalidad de los procesos electorales, por lo que cualquier modificación al marco jurídico vigente debe ser evaluada bajo criterios estrictamente profesionales y operativos que aseguren la viabilidad de los comicios futuros.
Se espera que, una vez que la iniciativa sea turnada a las cámaras legislativas para su discusión y eventual votación, el INE presente un informe pormenorizado sobre los desafíos que estas medidas de austeridad y cambios constitucionales podrían imponer a la estructura territorial y administrativa de la institución.
