El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado un incremento significativo en sus capacidades de vigilancia digital con el objetivo de combatir el fraude fiscal y la evasión de impuestos en México. A partir del próximo año 2025, la autoridad hacendaria reforzará el uso de herramientas tecnológicas avanzadas para monitorear los movimientos bancarios de los contribuyentes, estableciendo un precedente crítico para el cumplimiento de las obligaciones fiscales hacia marzo de 2026.

Esta nueva fase de fiscalización electrónica se centra en el análisis detallado de las transferencias bancarias realizadas a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Según los lineamientos proyectados por la autoridad, el enfoque no reside en prohibir el uso de la banca digital como herramienta cotidiana, sino en identificar y sancionar aquellas transacciones que operan fuera del marco legal o que pretenden ocultar ingresos reales bajo conceptos engañosos.

El SAT ha señalado que la vigilancia se intensificará sobre operaciones que carezcan de un sustento documental sólido o que involucren montos que no coincidan con el perfil transaccional y la capacidad económica declarada por el usuario. De cara a marzo de 2026, mes clave para la presentación de declaraciones anuales de personas morales y físicas, la autoridad cruzará la información proporcionada por las instituciones financieras con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos, buscando discrepancias que puedan indicar esquemas de evasión.

Para los contribuyentes mexicanos, este endurecimiento en la vigilancia digital implica la necesidad de una mayor disciplina financiera. Se recomienda evitar el uso de conceptos de transferencia ambiguos o que hagan referencia a actividades ilícitas, incluso si se trata de bromas entre conocidos, ya que los algoritmos de detección del SAT identifican palabras clave que pueden disparar un requerimiento de información o una auditoría de forma automática.

Finalmente, expertos en materia tributaria subrayan que esta medida es parte de una estrategia nacional para reducir la brecha de informalidad y optimizar la recaudación sin necesidad de crear nuevos impuestos. La transparencia en los movimientos bancarios será el eje rector para evitar sanciones, por lo que resulta fundamental para los ciudadanos contar con toda la documentación que respalde el origen y destino de los fondos transferidos durante este nuevo periodo de vigilancia reforzada.