El panorama de la seguridad y la economía en México se vio sacudido nuevamente tras la difusión de una investigación periodística realizada por El Universal, la cual expone las entrañas financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La filtración de documentos contables, presuntamente pertenecientes al círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, revela una detallada “narconómina” que registra tanto las ganancias ilícitas como los gastos operativos de la organización criminal.
Ante este hallazgo, el magnate Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, lanzó una contundente crítica a través de sus plataformas digitales. El empresario, conocido por su postura vocal frente a los problemas nacionales, utilizó la información para señalar la profunda brecha que existe entre la vigilancia que el Estado ejerce sobre los contribuyentes formales y la aparente libertad financiera con la que operan los grupos delictivos de alto impacto en el país.
La documentación revelada no solo expone las cifras millonarias que maneja el CJNG, sino que también detalla pagos destinados a la logística, la adquisición de armamento y, de manera alarmante, presuntos sobornos a funcionarios y elementos de seguridad. Para Salinas Pliego, estos registros representan un insulto a la ciudadanía que cumple con la ley y una evidencia clara de los vacíos institucionales que permiten al crimen organizado estructurarse con la disciplina de una corporación transnacional.
En su mensaje, el dueño de TV Azteca cuestionó la efectividad de las estrategias actuales de seguridad, enfatizando que mientras el sector empresarial enfrenta constantes auditorías y presiones regulatorias, organizaciones como la de “El Mencho” logran consolidar imperios económicos fuera del alcance de las autoridades hacendarias. Esta reacción ha resonado en el debate público, donde se exige una revisión profunda de cómo se combate el lavado de dinero y el financiamiento del narcotráfico.
El caso de la “narconómina” pone bajo el reflector la sofisticación administrativa del CJNG, evidenciando que su poderío no reside únicamente en la fuerza de fuego, sino en una capacidad de gestión financiera que le permite infiltrar diversas capas de la sociedad. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una respuesta directa a los señalamientos del empresario, pero la revelación de estos documentos ha intensificado la presión social por una justicia que desarticule no solo a los operadores armados, sino a las redes económicas que sostienen la violencia en México.
