La posible detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría representado un desafío de seguridad nacional sin precedentes para el Estado mexicano. Según Abraham Serrano Ortega, experto en inteligencia internacional y miembro del Consejo Asesor de Seguridad en el Extranjero del Departamento de Estado de los Estados Unidos (OSAC), una captura con vida del capo habría detonado una reacción de violencia extrema o tácticas de terrorismo urbano para forzar su liberación.

El especialista señaló que, de haberse concretado su arresto en Tapalpa, Jalisco, el escenario más probable habría sido una réplica a gran escala de lo ocurrido en octubre de 2019 en Sinaloa. En aquel entonces, la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, derivó en el asedio a la ciudad de Culiacán, lo que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a ordenar su liberación para evitar una masacre de civiles.

Serrano Ortega explicó que las organizaciones criminales de alto impacto han adoptado la estrategia de amenazar directamente a las instituciones y a la ciudadanía para presionar al gobierno. En el caso del CJNG, una de las estructuras delictivas con mayor capacidad de fuego y despliegue territorial en el país, el intento de rescate de su máximo líder habría implicado acciones violentas dirigidas a desestabilizar el orden público no solo en Jalisco, sino en diversas entidades donde tienen presencia.

Respecto al valor delictivo y de inteligencia de 'El Mencho', el consultor de la OSAC mencionó que, si bien la información que el capo pudiera revelar tras una detención sería 'relevante', no se considera estrictamente 'necesaria' para las autoridades. Esto se debe a que las agencias de seguridad e inteligencia ya cuentan con un conocimiento avanzado sobre las redes de operación, logística y distribución del CJNG a nivel global.

Finalmente, el análisis subraya la complejidad de los operativos contra objetivos prioritarios en México. La delgada línea entre la aplicación de la justicia y la protección de la sociedad civil sigue siendo el principal dilema de seguridad, especialmente ante grupos que han demostrado estar dispuestos a utilizar el terrorismo como herramienta de negociación frente al Estado.