La sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sobre las instituciones de seguridad local en Jalisco ha cobrado una nueva dimensión tras revelarse detalles sobre una presunta 'nómina' operada por la organización criminal. Según reportes basados en investigaciones de inteligencia y seguimientos a las operaciones de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', diversos municipios del estado se encuentran bajo el escrutinio debido a los sobornos sistemáticos que reciben sus elementos policiales.
Este esquema de corrupción institucional no solo busca la omisión de las autoridades ante las actividades ilícitas, sino que pretende convertir a los agentes locales en una extensión operativa del cártel. La información disponible sugiere que los pagos están destinados a garantizar que los uniformados actúen como informantes, faciliten el tránsito de cargamentos y brinden protección a los líderes regionales de la organización. Esta práctica ha erosionado profundamente la confianza de la ciudadanía en las corporaciones de seguridad pública de la entidad.
El control territorial que ejerce el CJNG en Jalisco se ha consolidado, en gran medida, mediante esta red de complicidades. Los municipios señalados por estos supuestos vínculos suelen estar ubicados en zonas estratégicas que conectan rutas de trasiego de drogas o que sirven como bastiones de seguridad para la cúpula del cártel. Para el gobierno estatal y las fuerzas federales, este fenómeno representa un desafío mayúsculo, ya que la infiltración debilita cualquier estrategia de inteligencia y operativa antes de que pueda ser ejecutada.
Históricamente, el estado de Jalisco ha enfrentado procesos de 'depuración' en sus policías municipales, pero los esfuerzos han resultado insuficientes ante el poder económico y de intimidación que despliega el grupo liderado por Oseguera Cervantes. La existencia de una lista detallada de beneficiarios dentro de las filas policiales pone de manifiesto la vulnerabilidad de los mandos locales ante el fenómeno del 'plata o plomo'.
Expertos en seguridad señalan que, mientras no se reformen de fondo los mecanismos de control de confianza y se mejoren las condiciones laborales de los policías, las nóminas del crimen organizado seguirán compitiendo con los presupuestos oficiales. Hasta el momento, las autoridades de los municipios implicados han mantenido hermetismo o han declarado su disposición a colaborar con las investigaciones de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional para deslindar responsabilidades.
