El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ha puesto sobre la mesa un tema de alta sensibilidad para la agenda nacional: la posible infiltración del crimen organizado en las estructuras del poder político en México. Al ser cuestionado sobre el hallazgo de presuntas nóminas pertenecientes a la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, el funcionario fue enfático al señalar que estos documentos y la información derivada de ellos no han sido ignorados, sino que forman parte de líneas de investigación activas en el Gabinete de Seguridad.
En el marco de las estrategias para pacificar el país, Harfuch detalló que la identificación de redes de protección institucional es una prioridad absoluta para el gobierno federal. El secretario explicó que el combate a los grupos delictivos de alto impacto, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), requiere un enfoque multidisciplinario que trascienda el enfrentamiento físico en las calles. Investigar quiénes, desde el servicio público, facilitan las operaciones de estas organizaciones es fundamental para debilitar su estructura de mando, finanzas y control territorial.
“Cualquier mención de funcionarios públicos o de personas con cargos políticos en documentos o testimonios vinculados a la delincuencia organizada es turnada a las autoridades competentes para su debida corroboración”, señaló el titular de la SSPC. Estas declaraciones refuerzan la postura de la actual administración de mantener una política de “cero impunidad”, buscando cortar de tajo los vínculos que históricamente han permitido la expansión de los cárteles de la droga bajo el amparo de la corrupción.
El impacto del CJNG en la geografía mexicana ha sido vasto y violento, y gran parte de su capacidad operativa se ha atribuido, en diversas investigaciones periodísticas y judiciales, a su habilidad para corromper autoridades de distintos niveles. Ante esta realidad, García Harfuch reiteró que la inteligencia federal trabaja de forma coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR) para asegurar que, de encontrarse pruebas sólidas contra cualquier actor político, este enfrente las consecuencias legales correspondientes sin distinción alguna.
Este anuncio surge en un clima de alta expectativa ciudadana respecto a la transparencia y la justicia en el país. La sociedad mexicana demanda respuestas claras sobre cómo organizaciones criminales han logrado consolidar tanto poder, y la confirmación de estas indagatorias por parte de Harfuch representa un paso necesario hacia el fortalecimiento del Estado de derecho. Las autoridades han prometido mantener a la opinión pública al tanto de los avances sustanciales que se logren en el esclarecimiento de estos presuntos vínculos que vulneran la seguridad nacional.
