A cinco días de la intensa jornada violenta que sacudió a Puerto Vallarta tras el operativo para capturar a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, la colonia Fluvial Vallarta presenta un paisaje desolador marcado por diversos comercios en ruinas. Lo que solía ser un corredor dinámico sobre la Avenida Francisco Villa se ha transformado en un escenario de guerra donde el olor a gasolina quemada y la desolación son los protagonistas de una normalidad que se siente todavía muy lejana.

¿Qué pasó en Puerto Vallarta?

El domingo 22 de febrero, la captura del máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una respuesta inmediata y coordinada por parte de grupos armados. En un tramo de apenas 200 metros, hombres encapuchados iniciaron una serie de narcobloqueos y ataques directos contra la infraestructura comercial. El inventario del desastre incluye al menos seis locales comerciales devastados por el fuego: dos tiendas de conveniencia de la cadena Oxxo, una agencia de motocicletas Vento, una farmacia, una tienda de ropa deportiva y una refaccionaria de aires acondicionados. Incluso las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sufrieron daños, mientras que en el estacionamiento de una tienda Costco, más de 30 vehículos fueron reducidos a cenizas y chatarra.

¿Por qué es importante este impacto?

Este evento representa un golpe crítico no solo a la seguridad nacional por la relevancia del personaje capturado, sino a la estabilidad económica de uno de los destinos turísticos más importantes de México. La imagen de establecimientos comerciales bajo el fuego y el testimonio de los vecinos que aseguran que “todavía huele a muerte” evidencia la vulnerabilidad de la población civil ante las tácticas de terror del crimen organizado. La destrucción de estos comercios en ruinas simboliza la pérdida de empleos y el debilitamiento de la confianza ciudadana en el estado de derecho, factores que afectan directamente la derrama económica de la región.

¿Qué sigue para la zona afectada?

Actualmente, las autoridades federales mantienen un despliegue de seguridad en el municipio para prevenir nuevos brotes de violencia, mientras los propietarios de los negocios afectados comienzan el lento proceso de evaluación de daños para los seguros y la posible reconstrucción. El desafío para el Gobierno de Jalisco y la administración federal será doble: por un lado, asegurar que el proceso judicial contra Oseguera no genere más represalias en la entidad, y por otro, implementar un plan de reactivación económica y emocional para una comunidad que quedó marcada por el estruendo de los cristales pulverizados y las llamas de los narcobloqueos.