La FGR confirmó que investigaba 2025 como el año objetivo para desarticular la narconómina de El Mencho, líder del CJNG, tras obtener una orden de aprehensión desde noviembre pasado. Esta operación de inteligencia busca limpiar las instituciones de seguridad que fueron infiltradas por el crimen organizado en diversos niveles de gobierno. El golpe mediático y judicial apunta a desmantelar el brazo financiero que permitía al cártel operar con total impunidad en zonas estratégicas del país.
Fuentes oficiales indican que la red de sobornos incluía a funcionarios municipales, estatales y federales, llegando incluso a las filas de la propia fiscalía que ahora encabeza el caso. Mientras las autoridades afirman que el cerco se está cerrando, fuentes cercanas indican que la lista de nombres es mucho más extensa de lo que se ha hecho público. Los documentos incautados detallan pagos periódicos a cambio de protección y filtración de operativos en tiempo real. (Lee también: Por qué la SSC investiga redes de farderos y cómo cambia tu seguridad.)
Para México, este hallazgo representa un punto de inflexión en la depuración de sus fuerzas del orden, un tema crítico para la seguridad nacional durante este año. En España y el resto de Latinoamérica, el caso es seguido con extrema atención debido a la expansión global del CJNG y sus tácticas de corrupción que suelen replicar en otras jurisdicciones internacionales para asegurar rutas de tráfico. La caída de estos enlaces institucionales podría debilitar su estructura operativa en el extranjero. (Lee también: Así es como el homicidio doloso registró su mayor caída en 10 años.) (Lee también: Cómo aprovechar los descuentos ofertas del Galaxy S26 en Mercado Libre hoy mismo.)
El proceso judicial se mantiene en desarrollo y el número exacto de funcionarios bajo proceso formal está pendiente de confirmar por la oficina central de la fiscalía. Se espera que en los próximos días se realicen nuevas detenciones derivadas de los libros de contabilidad recuperados durante los cateos realizados en Jalisco y estados colindantes. La orden de aprehensión de noviembre es solo el primer paso de una serie de acciones legales que pretenden sacudir la estructura de mando del cártel.
