El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, lanzó una advertencia contundente este viernes: no habrá excepciones ni impunidad para los servidores públicos que mantengan vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras el operativo del pasado 22 de febrero en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el gobierno federal ha puesto en marcha una serie de investigaciones estratégicas para desarticular la red de protección institucional que permitía la operación de esta organización criminal.
Durante una conferencia de prensa celebrada en el estado de Sinaloa, Harfuch confirmó que ya existen carpetas de investigación abiertas dirigidas específicamente contra elementos de las policías municipales y estatales. El funcionario precisó que estas indagatorias no se limitan exclusivamente a uniformados, sino que abarcan a diversas personas que, según reportes de inteligencia, mantenían una participación activa en las filas del grupo delictivo.
Esta ofensiva judicial se intensificó tras la difusión en medios nacionales de supuestas “nóminas” del cártel, halladas durante cateos recientes. Dichos documentos detallan pagos semanales destinados a una estructura piramidal que incluye a “halcones”, policías locales e incluso presuntos elementos de la Guardia Nacional. Según los datos revelados, los pagos para los informantes o “halcones” se situaban en los dos mil pesos, mientras que aquellos encargados de coordinar las bases de vigilancia percibían alrededor de tres mil pesos semanales.
Ante el revuelo causado por estas filtraciones, García Harfuch hizo un llamado a la prudencia institucional respecto a la validez legal de dichas listas. Explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia responsable de verificar la autenticidad de los documentos y de asegurar que se respete estrictamente la cadena de custodia de todas las evidencias recolectadas en los operativos. “Con cada indicio que se encuentra en un domicilio o en un cateo, hay que cuidar la cadena de custodia. Una vez que la Fiscalía haya analizado todo eso, podrá informar e iniciar carpetas cuando así corresponda”, subrayó el secretario.
Por el momento, el responsable de la seguridad nacional descartó que existan indagatorias vigentes contra figuras políticas de alto nivel en el estado de Jalisco. El enfoque prioritario de la administración federal se mantiene, por ahora, en las autoridades locales y civiles que facilitaban las operaciones cotidianas del grupo. Mientras la FGR avanza en las pesquisas, el gobierno federal mantiene la vigilancia ante la posible reestructuración del CJNG, tras identificar a cuatro posibles sucesores que buscan ocupar el vacío dejado por Oseguera Cervantes.
