La diputada Laura Álvarez, integrante del grupo parlamentario del PAN, pide reforzar la seguridad en plazas comerciales y supermercados de la Ciudad de México ante el reporte de más de 7,000 carpetas de investigación por robo hormiga o farderos durante este 2025. Según cifras oficiales de la Fiscalía General de Justicia, la gran mayoría de estos incidentes ocurren sin el uso de violencia física, lo que facilita que los delincuentes operen de manera reiterada en distintas zonas de la capital. La legisladora subrayó que la falta de presencia policial disuasoria ha permitido que este delito crezca de manera sostenida, afectando la operatividad de los negocios.
El análisis técnico de la incidencia delictiva muestra que el 90 por ciento de estos casos se concentra en alcaldías con alta densidad de establecimientos comerciales y gran afluencia de personas. Esta problemática no es exclusiva de la Ciudad de México, pues en España y otros países de Latinoamérica, el incremento de las llamadas pérdidas por inventario desconocido ha obligado a las grandes cadenas de retail a invertir hasta un 15 por ciento adicional en servicios de vigilancia privada. La tendencia regional indica que el robo hormiga se ha profesionalizado, pasando de hurtos individuales a operaciones coordinadas por grupos organizados.
Para el consumidor mexicano, esta solicitud de mayor vigilancia es fundamental debido a que el robo hormiga genera costos indirectos que se trasladan inevitablemente a los precios finales de los productos. En la Ciudad de México, el despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en corredores comerciales es vital para mantener la confianza del comprador y garantizar la estabilidad económica del sector comercio. La iniciativa también contempla una mejor coordinación entre los sistemas de monitoreo de las empresas privadas y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano para agilizar las detenciones.
Actualmente, se espera que la solicitud para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana actúe de forma prioritaria sea turnada a las comisiones correspondientes del Congreso local para su evaluación presupuestal. De concretarse el plan, se implementaría un incremento en los patrullajes preventivos y una revisión de los protocolos de actuación de los elementos de seguridad privada dentro de los establecimientos. Los reportes indican que la meta es reducir la incidencia delictiva en este rubro antes de que termine el primer semestre del año, estableciendo un precedente en la protección de la infraestructura comercial de la metrópoli.
