Una intensa movilización de los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia se registró este martes en las inmediaciones de la zona de San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que se recibiera un reporte sobre una presunta amenaza de bomba en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF). El incidente obligó a la activación inmediata de los protocolos de protección civil y a la evacuación preventiva de cientos de trabajadores que se encontraban en el inmueble.
De acuerdo con los primeros reportes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó a personal especializado, incluyendo a efectivos del agrupamiento de élite encargado del manejo de materiales peligrosos y detección de explosivos. Los especialistas ingresaron al edificio para realizar una inspección minuciosa en cada una de las áreas, oficinas y zonas comunes, con el objetivo de localizar cualquier objeto sospechoso que pudiera poner en riesgo la integridad física de los empleados y visitantes.
Durante el operativo, las calles aledañas al edificio del Poder Judicial sufrieron cortes intermitentes a la circulación, mientras brigadistas de protección civil coordinaban a los grupos de personas que permanecieron en los puntos de reunión asignados al exterior. La incertidumbre inicial dio paso a una espera ordenada, mientras los binomios caninos y técnicos expertos completaban el barrido de seguridad en las instalaciones federales.
Tras concluir las labores de revisión, la SSC emitió un informe oficial en el que confirmó que no se encontró ningún artefacto explosivo ni material que representara un peligro real. Al confirmarse que se trató de una falsa alarma, las autoridades capitalinas y los responsables de seguridad del Poder Judicial autorizaron el reingreso escalonado del personal a sus puestos de trabajo. Las actividades jurisdiccionales y administrativas se reanudaron poco tiempo después, operando con normalidad por el resto de la jornada.
Este tipo de incidentes, aunque resulten en alertas infundadas, subrayan la importancia de los protocolos de respuesta rápida en la capital del país, especialmente en sedes de organismos gubernamentales de alto perfil. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para hacer un uso responsable de los números de emergencia, advirtiendo que las llamadas de broma o falsas denuncias distraen recursos humanos y materiales que podrían ser necesarios en situaciones de emergencia real.
