En los últimos años, México ha navegado por una de las etapas más complejas en materia de seguridad pública. Ciudades y estados clave, como Jalisco, han sido testigos de cómo la violencia se integra de manera alarmante en la vida diaria de sus habitantes. Ante este panorama, surge una premisa contundente que resuena en diversos sectores: retomar la “normalidad” ya no es suficiente; el verdadero reto nacional reside en la construcción activa y profunda de la paz.
Especialistas y colectivos de la sociedad civil coinciden en que la simple reducción estadística de índices delictivos o la ausencia momentánea de enfrentamientos de alto impacto no garantizan un entorno seguro. La normalización de la tragedia —donde las desapariciones y los homicidios se convierten en cifras aceptadas por la cotidianeidad— ha generado una falsa sensación de estabilidad que ignora las causas estructurales del conflicto. Para los analistas, este fenómeno de adaptación social representa un riesgo mayor, ya que tiende a desactivar la exigencia ciudadana de justicia y rendición de cuentas.
Construir la paz, a diferencia de solo administrar la crisis, implica un proceso mucho más profundo que el despliegue de elementos de la Guardia Nacional o el fortalecimiento de las policías locales. Se trata de una tarea que requiere reconstruir el tejido social, vulnerado por décadas de impunidad, desigualdad y falta de oportunidades. Este enfoque integral demanda que el Estado no actúe únicamente como una fuerza reactiva, sino como un facilitador de condiciones que permitan el desarrollo humano y el acceso real a la justicia para las víctimas.
En el contexto actual de México, la participación ciudadana juega un papel determinante. No basta con esperar soluciones unilaterales provenientes de las cúpulas gubernamentales; es imperativo fomentar una cultura de paz desde las comunidades, las instituciones educativas y los núcleos familiares. El diálogo abierto entre las autoridades y las organizaciones de familiares de personas desaparecidas es, en este sentido, un paso indispensable para sanar las heridas de una sociedad que ha priorizado el silencio sobre la memoria histórica.
Finalmente, el llamado de los expertos es a no conformarse con una paz superficial. La tranquilidad verdadera no debe entenderse simplemente como el silencio de las armas, sino como la presencia activa de derechos, seguridad jurídica y bienestar social. Mientras el país enfrenta nuevos desafíos políticos y sociales, la construcción de una paz duradera debe permanecer en el centro de la agenda pública como la única vía real para superar la crisis de inseguridad que hoy define nuestra realidad.
