Un hombre de 66 años de edad perdió la vida la noche del 24 de febrero después de que un peaton muere atropellado por una camioneta perteneciente al Municipio de Aguascalientes. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Héroe de Nacozari y Norberto Gómez, situadas en la colonia Gremial, donde el conductor de la unidad oficial decidió darse a la fuga tras el impacto fatal dejando a la víctima sobre la cinta asfáltica.

Testigos en el lugar identificaron el vehículo involucrado como una camioneta Nissan NP300 en color plata, la cual portaba las placas de circulación AA0960F asignadas directamente al gobierno local. Aunque los servicios de emergencia acudieron rápidamente al sitio del accidente, solo pudieron confirmar el deceso del adulto mayor debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el golpe directo del automotor municipal, según reportes preliminares de los cuerpos de rescate.

Este suceso genera una profunda indignación en México, donde la responsabilidad de los funcionarios públicos al volante de bienes estatales es vigilada con lupa por una ciudadanía cansada de la opacidad. La situación en Aguascalientes no es aislada, pues en diversos países de Latinoamérica se han reportado casos similares donde el uso indebido de recursos públicos termina en tragedias viales que ponen a prueba la capacidad de las fiscalías para castigar a quienes ostentan cargos gubernamentales.

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía General del Estado mantienen abierta una carpeta de investigación para dar con el paradero del conductor que abandonó la escena y la unidad oficial tras el atropellamiento. Se espera que en las próximas horas el Ayuntamiento de Aguascalientes emita un comunicado detallando qué empleado tenía asignada la camioneta Nissan esa noche y bajo qué circunstancias se encontraba operando el vehículo oficial fuera de los protocolos establecidos.

La relevancia de este caso escalará conforme se revelen los datos del peritaje, mientras la familia de la víctima exige transparencia absoluta en un proceso que pone a prueba la justicia local frente a los privilegios del poder. La comunidad de la colonia Gremial ha manifestado su intención de realizar movilizaciones si no se garantiza que el responsable enfrente las consecuencias legales de este acto que ha consternado a la capital hidrocálida.