Claudia Sheinbaum exhibe al diputado priista Mario Calzada durante la conferencia matutina de este martes por votar contra la Ley de Aguas, argumentando que su familia utiliza concesiones agrícolas para fines comerciales de lucro privado. La mandataria confirmó que estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar el control sobre el recurso hídrico, asegurando que el legislador actúa por intereses particulares y no por el bienestar del pueblo, como afirmó en la tribuna de San Lázaro.
Según el reporte presentado en Palacio Nacional, la familia del legislador posee títulos otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinados exclusivamente a la producción de alimentos, pero en la realidad abastecen un club residencial de polo y el negocio de venta de pipas. Mientras el diputado sostiene que su voto en contra es por convicción y respeto al pueblo, Sheinbaum denunció que mientras estas propiedades gozan del líquido sin costo, las comunidades aledañas sufren por el desabasto. El gobierno también detectó adeudos millonarios en una refresquera por 234 millones de pesos y una embotelladora que deberá liquidar 43 millones por sobreexplotación y falta de medidores. (Lee también: 3 razones por las que crece polemica contra César Pantoja tras denuncias.)
Este endurecimiento en la fiscalización del agua en México marca un precedente en la región latinoamericana, donde naciones como Chile y España enfrentan debates similares sobre la gestión de recursos naturales y la eliminación de privilegios históricos. Para el ciudadano mexicano, este movimiento representa un cambio drástico en la administración de las tarifas y el acceso al líquido, con una meta de recaudación federal proyectada en 37 mil millones de pesos para el año 2026, lo que impactará directamente en la inversión para infraestructura hídrica nacional. (Lee también: Así es como el informe digital 2026 revela el nuevo mapa de internet.) (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre la insaculación judicial obligatoria.)
Por ahora, queda pendiente de confirmar la respuesta oficial del diputado Mario Calzada ante las acusaciones específicas de mal uso de concesiones agrícolas, pues su defensa se ha limitado a rechazar la ley por considerarla una herramienta burocrática. Las autoridades informaron que ya se recuperaron 3 mil 500 millones de pesos durante los primeros meses de 2025 mediante auditorías a grandes deudores, y se anticipa que las inspecciones continuarán sobre 42 concesiones adicionales que presentan irregularidades en sus registros de consumo y pagos de derechos.
