La Comisión Europea ha marcado un hito en la política exterior y económica global al anunciar la entrada en vigor provisional del tan esperado acuerdo comercial con el Mercosur. Este movimiento se produce tras las ratificaciones clave realizadas por los cuerpos legislativos de Argentina y Uruguay, lo que permite poner en marcha los engranajes de un tratado que ha permanecido en la mesa de negociaciones por más de un cuarto de siglo.

El pacto, cuya gestación se ha prolongado por 25 años, busca integrar a dos de los bloques económicos más importantes del mundo, consolidando un mercado potencial de más de 720 millones de consumidores. Para las naciones del Cono Sur, esto representa una oportunidad sin precedentes para diversificar sus exportaciones y atraer inversión extranjera directa, mientras que para la Unión Europea (UE) significa afianzar su presencia en una región rica en recursos naturales y mercados emergentes en un contexto de alta competencia geopolítica.

Sin embargo, la implementación no está exenta de obstáculos y tensiones políticas. El acuerdo ha generado una profunda fractura en el seno de la Unión Europea. Países con sectores agropecuarios de gran peso, liderados principalmente por Francia, han expresado serias preocupaciones sobre el impacto que la entrada masiva de productos sudamericanos —especialmente carne bovina, aves y granos— podría tener en sus propios productores locales. El sector agrícola europeo argumenta que las normativas ambientales y sanitarias menos estrictas en Sudamérica pondrían en una desventaja competitiva al campo europeo.

Desde la perspectiva de México, este avance es seguido de cerca por analistas y el sector empresarial. El país, que ya cuenta con su propio Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM), observa cómo el bloque europeo expande sus alianzas en América Latina, lo que podría reconfigurar los flujos comerciales y la competencia en el Atlántico. La consolidación del Mercosur como socio preferencial de la UE obliga a las empresas mexicanas a seguir apostando por la modernización y la competitividad en sectores donde ambos bloques latinoamericanos compiten.

Con esta activación provisional, se espera que los beneficios arancelarios comiencen a aplicarse de manera gradual, mientras el resto de los países miembros de ambos bloques continúan con sus respectivos procesos de ratificación interna. El reto principal para Bruselas será equilibrar los beneficios económicos de gran escala con la presión política de sus sectores rurales, quienes ven en este tratado una amenaza directa a su estabilidad económica.