La Comisión Europea ha dado un paso decisivo en su política comercial exterior al anunciar su intención de implementar el esperado acuerdo con el bloque del Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— bajo una modalidad de aplicación provisional. Esta estrategia busca destrabar un proceso que se ha prolongado por más de 20 años y que enfrenta una férrea resistencia en diversos sectores de la eurozona.

El mecanismo propuesto por el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE) consiste en desglosar el acuerdo comercial para que las disposiciones que competen exclusivamente a la gestión de Bruselas puedan entrar en vigor sin necesidad de esperar la ratificación unánime de los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros. Con esta medida, el bloque europeo pretende agilizar la eliminación de aranceles y la apertura de mercados en sectores clave como el automotriz, el de maquinaria y el de servicios químicos, facilitando un flujo comercial más dinámico entre ambas regiones.

Para México, el avance de este tratado representa un cambio significativo en el mapa geopolítico y económico de América Latina. Como país que ya cuenta con un Tratado de Libre Comercio con la UE (TLCUEM) —actualmente en fase de modernización—, la consolidación de un eje Europa-Mercosur supone una mayor competencia en el mercado europeo para ciertos productos agroindustriales mexicanos. No obstante, especialistas señalan que también podría incentivar una mayor integración regional y atraer inversiones europeas que vean a México y al Cono Sur como una plataforma conjunta de producción hacia el mercado global.

A pesar del optimismo en Bruselas, el camino no está libre de obstáculos. Países como Francia e Irlanda han expresado históricamente su preocupación por el impacto que la carne sudamericana podría tener sobre sus productores locales, además de condicionar el apoyo al cumplimiento estricto de los acuerdos climáticos de París. La Comisión Europea insiste en que el acuerdo incluye salvaguardas ambientales robustas para proteger la Amazonía y fomentar la sostenibilidad en la cadena de suministro.

La implementación provisional permitiría que cerca del 90% del acuerdo comercial comience a operar de manera inmediata una vez que reciba el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE. De concretarse, se crearía una zona de libre comercio que abarcaría a más de 700 millones de consumidores, consolidando a la Unión Europea como el principal socio comercial y de inversión en América Latina.