La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado las medidas de control migratorio, alcanzando incluso a sectores que anteriormente contaban con protecciones administrativas especiales. Según informes oficiales recientes, el gobierno de Estados Unidos admitió la deportación de 86 jóvenes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos popularmente como "Dreamers".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó estas cifras a través de una misiva enviada al senador demócrata por Illinois, Richard Durbin. En el documento, citado originalmente por el medio Politico, Noem detalló que, entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, las autoridades migratorias detuvieron a un total de 261 beneficiarios de este programa. De este grupo, 86 ya han sido formalmente expulsados del territorio estadounidense, una cifra que ha encendido las alarmas entre las comunidades migrantes, conformadas en su gran mayoría por ciudadanos de origen mexicano.

La justificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para proceder con estas expulsiones se centra en motivos de seguridad pública. De acuerdo con la secretaria Noem, 241 de los 261 detenidos contaban con antecedentes penales previos. No obstante, la funcionaria no proporcionó detalles específicos sobre la gravedad o la naturaleza de los cargos enfrentados por los jóvenes, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia en los procesos judiciales y administrativos que derivaron en estas deportaciones.

Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han denunciado que estas detenciones no siempre están debidamente fundamentadas. Los activistas señalan que, en diversos casos, los agentes migratorios han detenido a beneficiarios de DACA bajo acusaciones criminales infundadas o cargos que posteriormente fueron desestimados por los tribunales. Sin embargo, una vez iniciado el proceso de remoción, la vulnerabilidad jurídica de los jóvenes se vuelve crítica.

Para defender la legalidad de estas acciones, Noem citó la decisión de un juez federal en Texas que declaró al DACA como una disposición administrativa ilegal. La secretaria subrayó que, aunque el programa otorga una "suspensión temporal de la deportación", este no confiere ningún derecho legal para permanecer en Estados Unidos de manera indefinida ni constituye una vía hacia la residencia permanente.

Para México, esta situación representa un desafío humanitario y diplomático de primer orden. Los "Dreamers" son jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que, en su gran mayoría, han crecido y se han formado bajo la cultura estadounidense. El programa DACA, creado originalmente en 2012 por el expresidente Barack Obama, ha permitido a cientos de miles de mexicanos trabajar legalmente y contribuir a la economía de ambos países. El endurecimiento de estas políticas pone en riesgo la estabilidad de miles de familias mexicanas y aumenta la presión sobre la frontera norte.