En un movimiento legal coordinado para blindar los derechos constitucionales en Estados Unidos, una amplia coalición de gobiernos locales, liderada por fiscales generales demócratas, acudió este jueves ante el Tribunal Supremo. El objetivo central es detener de forma definitiva la intención del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento mediante una orden ejecutiva, una medida que impactaría directamente a millones de familias de origen extranjero, principalmente mexicanas.
El bloque opositor, integrado por los fiscales generales de 23 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de San Francisco, radicó un escrito bajo la figura de "amigo de la corte" (amicus brief). En el documento, los juristas argumentan que la propuesta presidencial es "flagrantemente ilegal" y representa una violación directa a la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual ha regido el estatus jurídico de quienes nacen en territorio norteamericano desde finales del siglo XIX.
La disputa constitucional radica en la interpretación de dicha enmienda. Mientras que la administración de Trump sostiene que el texto fue diseñado exclusivamente para proteger a los hijos de antiguos esclavos tras la Guerra Civil, la jurisprudencia histórica ha establecido que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana automática, independientemente del estatus migratorio de sus padres. El mandatario busca negar este derecho a los hijos de inmigrantes indocumentados o personas que cuentan únicamente con visados temporales.
Kris Mayes, fiscal general de Arizona y una de las figuras prominentes en esta iniciativa legal, fue tajante al señalar la inviabilidad de la propuesta presidencial. "La Decimocuarta Enmienda es clarísima: si naces en Estados Unidos, eres ciudadano estadounidense. El presidente no tiene el poder ni la autoridad para cambiar la Constitución de un plumazo", sentenció Mayes, subrayando que esta protección es un pilar fundamental de la identidad nacional de ese país.
Para México, el desenlace de este conflicto jurídico es de vital trascendencia. De concretarse una restricción a la ciudadanía por nacimiento, miles de descendientes de mexicanos quedarían en un limbo jurídico, vulnerando su derecho a la identidad y complicando la dinámica social y familiar en ambos lados de la frontera. La resolución final del Tribunal Supremo será determinante para el futuro de la integración social en la región y para la estabilidad de la comunidad migrante que reside en Estados Unidos.
