Ciudad de México — La evolución del crimen organizado en México ha alcanzado un nivel de sofisticación que trasciende el tráfico de estupefacientes. De acuerdo con una serie de reportajes de investigación publicados por el portal especializado Mongabay, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado su papel como un actor económico depredador que hoy controla sectores estratégicos de la economía rural, no solo en territorio mexicano, sino en diversos puntos de América Latina.
El impacto de esta organización criminal se manifiesta de manera crítica en la industria del aguacate, particularmente en el estado de Michoacán. Los productores del llamado 'oro verde' se enfrentan a un esquema sistemático de extorsión, cobro de piso y despojo de tierras. El control del CJNG en estas zonas no solo altera los precios de exportación, sino que impone una gobernanza criminal que decide quién puede sembrar y cosechar, transformando una actividad agrícola lícita en un pilar financiero para sus operaciones bélicas.
Sin embargo, la diversificación de la organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', se extiende más allá de los campos de cultivo. Las investigaciones detallan cómo el grupo ha infiltrado la industria pesquera en las costas mexicanas, donde imponen cuotas de captura y comercialización a los trabajadores del mar. Esta intervención no solo asfixia el sustento de miles de familias, sino que también fomenta la pesca ilegal de especies protegidas, generando un daño ecológico irreparable en los ecosistemas marinos del país.
Uno de los hallazgos más preocupantes para la seguridad regional es la incursión del cártel en el tráfico de mercurio, insumo fundamental para la minería ilegal de oro en el continente. El CJNG ha logrado establecer redes logísticas para la distribución de este metal pesado, facilitando la extracción minera ilícita en selvas y zonas protegidas de América Latina. Este lucrativo mercado negro no solo financia la compra de armamento, sino que provoca la contaminación de mantos acuíferos esenciales para las comunidades rurales.
Esta mutación delictiva plantea un desafío sin precedentes para el Gobierno de México. La problemática ha dejado de ser una cuestión exclusiva de seguridad pública para convertirse en una amenaza directa a la soberanía económica del campo. Mientras las estructuras criminales sigan capturando las cadenas de valor de productos básicos, la recuperación económica de las zonas más vulnerables de México y América Latina seguirá bajo el yugo de la criminalidad organizada.
