La estructura operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha demostrado ser una de las más sofisticadas y herméticas en el panorama criminal contemporáneo de México. Reportes recientes, basados en información de inteligencia, han detallado la existencia de un complejo "corredor de protección" diseñado específicamente para resguardar a su líder máximo, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho". Esta red de seguridad no se basaba únicamente en el poder de fuego de su brazo armado, sino en una sistemática trama de corrupción institucional que involucraba a diversas corporaciones de seguridad.
Mediante la entrega constante de sobornos, la organización criminal logró cooptar a elementos policiales en zonas estratégicas del occidente y otras regiones del país. Este control territorial permitía al grupo delictivo establecer rutas de trasiego de drogas altamente eficientes, donde la vigilancia oficial se convertía, paradójicamente, en el primer anillo de protección del cártel. Los agentes implicados no solo ignoraban las actividades ilícitas que ocurrían bajo su jurisdicción, sino que presuntamente brindaban información en tiempo real sobre los movimientos de las fuerzas federales, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.
El mapa de influencia de este corredor de protección facilitaba que "El Mencho" mantuviera una movilidad constante, un factor clave que ha dificultado su localización y captura durante más de una década. Las rutas de escape estaban meticulosamente planificadas; ante cualquier indicio de incursión por parte de unidades de élite del gobierno federal, los bloqueos informativos y físicos establecidos por las policías locales servían como una cortina de humo necesaria para la extracción del líder criminal hacia zonas serranas de difícil acceso o casas de seguridad previamente blindadas.
Este fenómeno subraya una vez más la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad estatales y municipales frente al poder económico del narcotráfico. El corredor de protección no representaba solo una ventaja logística para el envío de estupefacientes hacia la frontera norte, sino que funcionaba como un sistema de alerta temprana que ha mantenido a Oseguera Cervantes fuera del alcance de la justicia. La revelación de este mapa de complicidades pone de manifiesto que el combate al crimen organizado en México requiere, de manera prioritaria, un saneamiento profundo de las instituciones que deben velar por la ley.
Para el Estado mexicano, el desmantelamiento de estas redes de protección es un reto mayúsculo. Mientras los esquemas de sobornos sigan operando en los mandos operativos de las policías, la captura de objetivos prioritarios seguirá viéndose comprometida por filtraciones y redes de apoyo locales que anteponen el beneficio económico a la seguridad ciudadana.
