organizacion rechaza: La organización rechaza categóricamente las recientes declaraciones de la Comisión Estatal del Agua de Hidalgo al sostener que la contaminación del río Tula proviene mayoritariamente de las aguas residuales de la Ciudad de México. Esta postura surge tras el análisis de evidencia técnica, histórica y ambiental que confirma cómo el afluente ha operado como el receptor principal de los desechos de la zona metropolitana. Según los reportes presentados por la asamblea local, la magnitud de la polución no puede atribuirse únicamente a factores internos del estado, sino a un flujo constante de residuos que atraviesa el Valle de México hacia territorio hidalguense.

El conflicto técnico se centra en el volumen de descargas que fluyen a través de la infraestructura hidráulica nacional. La asamblea argumenta que los datos institucionales actuales ignoran el historial de impacto ambiental que ha degradado la cuenca durante décadas, afectando tanto la calidad del agua como los suelos agrícolas. Esta discrepancia resalta la urgente necesidad de una medición precisa de los contaminantes que llegan al río Tula, ya que la gestión de estos residuos impacta directamente en la salud pública y el desarrollo económico de las comunidades que dependen de este recurso hídrico para el riego y la subsistencia.
Para México, esta disputa representa un punto de quiebre en la gobernanza ambiental entre la capital y las entidades vecinas. La situación del río Tula no es un caso aislado, ya que en Latinoamérica, ciudades como Bogotá y Buenos Aires enfrentan retos similares donde el crecimiento urbano desmedido satura la capacidad de las cuencas rurales periféricas. La falta de transparencia en la clasificación de las aguas residuales enviadas desde el Valle de México sigue siendo un obstáculo para la remediación efectiva de uno de los ecosistemas más castigados de la región central del país.
Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de revisión técnica mientras se espera una respuesta coordinada por parte de las autoridades federales. La resolución de este diferendo determinará si se ajustarán los protocolos de descarga y si se asignarán nuevos recursos para la modernización de las plantas de tratamiento en el centro del país. Hasta el momento, los pobladores mantienen su rechazo a las versiones oficiales, exigiendo que se reconozca el impacto histórico del drenaje profundo de la capital como la causa raíz de la emergencia ambiental en Hidalgo.






