Alberto Gutiérrez Reyes, un migrante mexicano de 48 años, murió la madrugada del pasado 27 de febrero en el Centro de Detención de Adelanto, ubicado en California. No lo ayudaron familia y defensores legales denuncian que el deceso ocurrió tras una negligencia médica sistemática por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE, a pesar de que la víctima presentaba síntomas de emergencia evidentes días antes de su fallecimiento.
Patricia Martínez, esposa del fallecido, confirmó que Alberto padecía fiebre alta, dolor intenso en el pecho y una tos persistente durante sus comunicaciones telefónicas previas al desenlace. Según el testimonio de los allegados, el connacional solicitó atención especializada en múltiples ocasiones dentro del complejo de Adelanto, pero las autoridades de seguridad no proporcionaron el traslado hospitalario ni el tratamiento básico requerido para estabilizar su condición de salud. (Lee también: Así es como Netanyahu pide priorizar la guerra sobre su juicio penal.)
El ICE respondió de manera institucional asegurando que la atención médica en sus centros de detención suele ser de alta calidad para la población indocumentada. No obstante, este incidente marca la muerte número 11 de un extranjero bajo custodia migratoria en lo que va de este año, lo que coloca bajo un escrutinio severo los protocolos internos de respuesta ante emergencias sanitarias en las instalaciones federales de Estados Unidos. (Lee también: Las 3 razones por las que Irán exige jugar en México durante 2026.)
Este caso tiene una relevancia crítica para México, ya que la Cancillería deberá intervenir para garantizar una investigación transparente y brindar asistencia legal a los deudos en el extranjero. Asimismo, la noticia genera alerta en España y el resto de Latinoamérica, donde organizaciones civiles monitorean de cerca el trato a los migrantes en centros de detención estadounidenses debido al constante flujo de ciudadanos de estas regiones hacia el norte. (Lee también: 5 razones por las que Smiljan Radic Clarke ganó el Premio Pritzker.)
Actualmente se espera el reporte oficial de la autopsia para determinar la causa exacta del fallecimiento y deslindar responsabilidades penales o administrativas. La familia mantiene la exigencia de justicia mientras el gobierno mexicano evalúa las medidas diplomáticas correspondientes ante lo que consideran una violación flagrante a los derechos humanos fundamentales y al acceso básico a la salud.
