La violencia comienza en la Fiscalía según el testimonio de Verónica Alonso, madre de Ivanna, quien denunció hoy la revictimización institucional sufrida tras el abuso sexual de su hija de cinco años en una escuela. El trato déspota y la falta de protocolos adecuados marcaron el inicio de un proceso legal que, en lugar de ofrecer justicia, impuso nuevas barreras emocionales para la familia. El hecho ocurrió cuando la menor fue agredida en su entorno escolar, pero el verdadero calvario administrativo inició al intentar formalizar la denuncia ante las autoridades competentes.

Durante una entrevista reciente en la Ciudad de México, Alonso detalló que el personal administrativo mostró una actitud hostil y minimizó la gravedad del asunto desde el primer minuto. Este tipo de barreras institucionales en las fiscalías mexicanas impide que miles de casos de violencia infantil lleguen a una sentencia condenatoria, dejando a las víctimas en un estado de vulnerabilidad absoluta frente a sus agresores. La falta de sensibilidad es una constante reportada por colectivos de búsqueda de justicia en todo el territorio nacional. (Lee también: Por qué el choque Timberwolves - Clippers es el más esperado en México.)

La madre relató que los funcionarios exigieron a la menor detalles imposibles de precisar, como fechas y horas exactas de las agresiones, ignorando su corta edad y el trauma vivido. Esta problemática no es exclusiva de México, ya que diversos organismos en España y el resto de Latinoamérica han señalado que la falta de perspectiva de infancia en los sistemas de justicia penal es un obstáculo estructural que revictimiza a las familias de forma sistemática. La exigencia de testimonios perfectos a niños de preescolar es considerada una forma de maltrato estatal por expertos en derechos humanos. (Lee también: Lo que nadie te dijo sobre la nueva ley de boletos que propone un diputado local.)

Hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía no han emitido un comunicado oficial sobre estas acusaciones específicas de maltrato administrativo, por lo que el estado de las investigaciones contra el personal señalado sigue pendiente de confirmar. La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia acompaña actualmente el caso, buscando que se reconozca que el daño institucional es una extensión del abuso original sufrido por la niña. El proceso legal continúa abierto bajo la lupa de diversas organizaciones civiles. (Lee también: 3 razones por las que levantan la fase 1 de contingencia ambiental ahora.)

Se espera que en los próximos días se presenten quejas formales ante los órganos de control interno para deslindar responsabilidades por las omisiones y el trato recibido por Verónica e Ivanna. Organizaciones civiles en México y la región exigen una reforma urgente en la atención a víctimas para evitar que el primer contacto con la justicia sea una experiencia traumática adicional. El caso de Ivanna se suma a una lista creciente de denuncias que ponen en duda la capacidad de respuesta del sistema judicial ante delitos sexuales.