Mérida, Yucatán.- La gestión del panista Julián Zacarías Curi al frente del municipio de Progreso se encuentra en el centro de la polémica tras las recientes revelaciones de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY). El organismo fiscalizador detectó un presunto daño patrimonial que supera los 3 millones de pesos, identificado específicamente durante los últimos meses de su segundo periodo constitucional como titular de la Comuna.
De acuerdo con el informe oficial de la dependencia, las irregularidades abarcan diversos rubros que van desde la operatividad administrativa hasta la asistencia social. Entre los hallazgos más graves destaca la detección de presuntas nóminas “fantasmas”, un esquema donde se habrían realizado pagos de sueldos sin que existiera una contraprestación laboral real o documentación que acredite la identidad de los beneficiarios de dichos recursos.
En el desglose de las anomalías, la ASEY señaló pagos que ascienden a los 2 millones de pesos bajo los conceptos de nómina y transferencias a una empresa recolectora de basura. El problema radica en que el Ayuntamiento encabezado por Zacarías Curi no presentó los recibos correspondientes ni los comprobantes fiscales que justifiquen legalmente el destino final de esos recursos públicos, lo que vulnera las normas de contabilidad gubernamental.
Por otro lado, la fiscalización reveló inconsistencias por un monto de 530 mil pesos en la adquisición de refacciones y accesorios para unidades de transporte municipal. En este caso, la administración saliente no entregó los documentos justificantes básicos, tales como las órdenes de pedido formal o los contratos vigentes con los proveedores, lo que impide verificar si los precios fueron competitivos o si las piezas fueron realmente instaladas en los vehículos del municipio.
El reporte de la auditoría estatal también incluye observaciones críticas sobre la compra de materiales de construcción y la entrega de supuestas ayudas sociales. En ambos casos, aunque el dinero fue erogado de las arcas municipales, no se presentó evidencia física ni documental que sustente el gasto. Esto deja un vacío total en la rendición de cuentas sobre quiénes recibieron realmente dichos apoyos o en qué obras públicas se aplicaron los insumos adquiridos.
Este señalamiento coloca al exalcalde en una situación jurídica delicada, en un contexto donde la transparencia en el uso de recursos públicos es una exigencia creciente para los gobiernos municipales en Yucatán. Las autoridades competentes deberán dar seguimiento a estas observaciones para determinar las responsabilidades administrativas o penales que se deriven del manejo de los fondos en el puerto de Progreso.
