En un movimiento que marca un quiebre definitivo con su anterior postura moderada, el alcalde de Denver, Mike Johnston, ha emitido una orden ejecutiva que prohíbe formalmente a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el acceso a cualquier propiedad o instalación municipal para llevar a cabo operativos migratorios.
Esta medida no solo limita el alcance de las autoridades federales en la capital de Colorado, sino que también instruye a los departamentos de seguridad locales para que brinden protección activa a los manifestantes y grupos de activistas que defienden los derechos de los migrantes. Con esta acción, Johnston coloca a Denver en el centro de la resistencia contra las políticas de control fronterizo propuestas por el presidente electo, Donald Trump.
La decisión del alcalde ocurre en un clima de alta tensión política. Durante su campaña, Trump hizo referencia específica a la zona metropolitana de Denver, prometiendo lo que calificó como una "historia sangrienta" en relación con las deportaciones masivas que planea ejecutar bajo su mandato. Esta retórica ha generado una profunda alarma en ciudades con grandes poblaciones de origen mexicano, donde la cooperación entre las policías locales y los agentes federales de migración es un tema de constante debate.
Para la comunidad mexicana en Denver, que representa una de las diásporas más significativas y vibrantes en el oeste de los Estados Unidos, este blindaje legal representa una medida de protección necesaria frente a la incertidumbre. Johnston, quien anteriormente había mantenido un enfoque institucional y técnico para gestionar la crisis migratoria, parece haber optado ahora por un desafío frontal para salvaguardar la seguridad de los residentes, independientemente de su estatus legal.
La orden ejecutiva especifica que los recursos públicos de la ciudad no podrán ser destinados a facilitar detenciones masivas o procesamientos migratorios. Este cambio de estrategia posiciona al alcalde como uno de los líderes locales más visibles en la oposición a los planes de la Casa Blanca, asumiendo el riesgo de posibles represalias presupuestarias a nivel federal. Para el gobierno mexicano y sus consulados, estas acciones locales son indicadores clave de la protección de derechos humanos que enfrentarán sus ciudadanos en el extranjero ante el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.
