La representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, manifestó su enérgica condena tras el arresto de su invitada de honor, Aliya Rahman, durante el pasado discurso del Estado de la Unión ofrecido por el entonces presidente Donald Trump. Rahman, una ciudadana estadounidense conocida por su activismo, fue retirada por elementos de seguridad y acusada de conducta ilegal tras ponerse de pie en un acto de protesta silenciosa durante la sesión solemne en el Capitolio.

Para el público mexicano, es importante destacar que Ilhan Omar es una de las figuras más prominentes del ala progresista del Partido Demócrata y ha sido una crítica feroz de las políticas migratorias de los Estados Unidos. La invitación de Rahman al evento no fue casual; la activista se convirtió en un símbolo de la resistencia contra los abusos de autoridad después de que se hiciera público un video donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) destrozaron la ventanilla de su vehículo y la sacaron por la fuerza, a pesar de ser ciudadana estadounidense.

Durante la alocución presidencial, Rahman decidió ponerse de pie como un gesto de disidencia, lo que provocó la intervención inmediata de los oficiales de seguridad del Congreso. Según los reportes oficiales, la mujer fue retirada de las galerías y posteriormente procesada por cargos de conducta ilícita. Este incidente ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión y la seguridad dentro del recinto legislativo más importante de la nación estadounidense.

La congresista Omar calificó la detención como un acto que busca silenciar a quienes han sufrido abusos por parte del Estado. “Es inaceptable que una persona que ha sido víctima de la violencia sistemática de agencias como el ICE sea tratada como un criminal por ejercer su derecho a la protesta en la casa del pueblo”, señalaron fuentes cercanas a la oficina de la representante.

Este suceso subraya las tensiones políticas que prevalecen en Washington respecto al trato de las minorías y la fiscalización de las agencias de seguridad fronteriza, temas que tienen un impacto directo en la relación bilateral con México y en la percepción de los derechos humanos en la región. Hasta el momento, el caso de Rahman continúa bajo supervisión legal, mientras diversas organizaciones civiles se han sumado al reclamo de la congresista Omar.