La situación de los ciudadanos colombianos que buscan el llamado 'sueño americano' ha alcanzado un punto de ruptura. Carmen Felisa Ramírez Boscán, representante a la Cámara por la circunscripción internacional, ha alzado la voz para denunciar lo que califica como una auténtica “crisis humanitaria” en los centros de detención de Estados Unidos, donde cientos de sus connacionales permanecen bajo condiciones deplorables.
En un llamado urgente dirigido al Palacio de Nariño, la congresista solicitó formalmente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, la declaratoria de un estado de emergencia. Esta medida administrativa busca, primordialmente, dotar al gobierno de las herramientas necesarias para agilizar los procesos de deportación y retorno asistido, con el fin de aliviar el hacinamiento y la incertidumbre legal que enfrentan los colombianos en el país norteamericano.
“Estamos ante una crisis humanitaria que requiere acciones inmediatas”, afirmó Ramírez Boscán, subrayando que la saturación del sistema migratorio estadounidense ha dejado a muchos de sus compatriotas en un limbo jurídico, a menudo en instalaciones que no cumplen con los estándares básicos de derechos humanos. Según la legisladora, la declaración de emergencia permitiría una coordinación diplomática y presupuestaria de mayor calado para rescatar a quienes hoy se encuentran privados de su libertad por motivos migratorios.
Para el lector en México, este panorama resulta profundamente familiar. Al igual que ocurre con los migrantes mexicanos y centroamericanos, la comunidad colombiana se ha visto afectada por el endurecimiento de las políticas fronterizas y la lentitud burocrática en las cortes de migración de EE. UU. El fenómeno refleja un patrón regional donde la falta de oportunidades y la violencia obligan a miles a emprender travesías peligrosas, terminando con frecuencia en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Hasta el momento, la administración de Gustavo Petro no ha emitido una respuesta oficial sobre la posibilidad de declarar el estado de emergencia, una figura que en Colombia suele reservarse para catástrofes naturales o alteraciones graves del orden público. Sin embargo, la presión de los sectores que representan a la diáspora colombiana continúa en aumento, exigiendo una política exterior que priorice la dignidad y la seguridad de sus migrantes por encima de las agendas de seguridad fronteriza binacionales.
