En una audiencia que podría sentar un precedente crucial para los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) enfrenta una prueba de fuego en los tribunales federales. Los abogados del gobierno estadounidense tienen la difícil tarea de convencer a un juez de que el nuevo proceso penal contra Kilmar Abrego García, un residente de Maryland de origen salvadoreño, no es un acto de venganza legal.
El caso ha escalado a niveles críticos tras la acusación de que el Estado está actuando de manera punitiva. Kilmar Abrego García logró previamente lo que pocos logran: impugnar con éxito una orden de deportación ilegal que pretendía enviarlo de regreso a El Salvador. Sin embargo, poco después de obtener esta victoria jurídica, el Departamento de Justicia presentó una nueva acusación formal en su contra, lo que ha sido calificado por su defensa como una «persecución vindicativa».
Este término legal, de suma relevancia en el sistema judicial estadounidense, se refiere al uso del poder del Estado para castigar a un individuo por el simple hecho de haber ejercido sus derechos constitucionales. En este contexto, la fiscalía federal debe presentar argumentos sólidos que desvinculen los nuevos cargos del éxito previo de Abrego García en las cortes. La audiencia actual determinará si el caso sigue adelante o si se desestima por irregularidades en la intención del Departamento de Justicia.
Para los millones de migrantes en la región, incluyendo a la amplia comunidad mexicana en el exterior, el desenlace de este juicio es de vital importancia. El caso de Abrego García pone en duda la imparcialidad del sistema de justicia migratoria y plantea si las autoridades federales están utilizando el sistema de procesamiento penal como una herramienta de intimidación para quienes deciden luchar contra procesos de expulsión injustos.
Por ahora, la mirada de los organismos de derechos humanos y de defensa del migrante permanece fija en el tribunal de Maryland. Un fallo en contra del Departamento de Justicia enviaría un mensaje contundente sobre los límites del poder gubernamental frente a los derechos civiles de los extranjeros, asegurando que el éxito legal de un individuo no se convierta en el motivo de su propia persecución.
