En un preocupante recrudecimiento de los conflictos territoriales y sociales en el sureste mexicano, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que hoy se encuentran al menos indigenas del pueblo tzeltal fuera de sus hogares en el municipio de Chilón. Los hechos ocurrieron en el ejido Jotolá, donde ocho familias, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), fueron víctimas de un desplazamiento forzado ejecutado presuntamente por pobladores locales con el respaldo activo de corporaciones de seguridad y organismos agrarios.

De acuerdo con el reporte del organismo civil, la incursión violenta contó con la participación de agentes de la Guardia Estatal, la Policía Municipal, así como funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario. El saldo de esta acción es devastador para la comunidad: al menos 30 personas desplazadas, cinco viviendas reducidas a cenizas, pertenencias robadas y animales domésticos sacrificados.

Lo nuevo hoy en este caso es la gravedad de los testimonios de tortura que han comenzado a emerger. Se confirmó la detención de Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez; esta última, según el Frayba, fue víctima de tortura y tratos crueles por parte de un agente de la Fiscalía Indígena durante su traslado. La denuncia señala que la mujer fue amenazada con ser desaparecida, lo que eleva el tono de la crisis de derechos humanos en la región tzeltal.

El Frayba ha enfatizado que este acto no es un evento aislado, sino que forma parte de una estructura de represión contra las comunidades organizadas en el CNI. El seguimiento de los hechos revela que, además de los detenidos, tres personas más fueron sometidas a tratos degradantes durante el desalojo violento de sus tierras.

Hasta el momento, queda por confirmar la situación jurídica actual de los detenidos y el paradero exacto de las ocho familias desplazadas, quienes se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad. Las autoridades federales y el Gobierno de Chiapas no han emitido una postura oficial respecto al señalamiento de que funcionarios del INPI y de la Fiscalía Estatal habrían participado o consentido actos de tortura y destrucción de propiedad privada.