TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS – Diversas asociaciones civiles que representan a la comunidad con trastorno del espectro autista (TEA) en la entidad han alzado la voz contra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), señalando una presunta omisión y complicidad institucional en favor del senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La controversia se originó a partir de la difusión de un video en redes sociales en el que el legislador originario de Tapachula utilizó términos peyorativos para referirse a sus opositores políticos y la situación del estado. “El desastre que nos dejó el autista de Ratilio. Entonces yo creo que es muy importante que Chiapas se meta a la senda del desarrollo”, expresó Melgar Bravo, empleando la condición del TEA como un adjetivo denigrante para calificar la gestión de otros actores públicos.
Ante estos hechos, las organizaciones Autis Chiapas y Autismo Chiapas presentaron denuncias formales ante la CEDH, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el propio Senado de la República, exigiendo una disculpa pública y sanciones ejemplares. Sin embargo, la respuesta del organismo estatal de derechos humanos ha sido calificada de insuficiente y negligente por los colectivos afectados.
De acuerdo con los denunciantes, la CEDH, encabezada por Horacio Culebro Borrayas, negó inicialmente la asistencia jurídica y el acompañamiento legal a las familias y personas con autismo en situación de vulnerabilidad. El organismo argumentó que la queja debía radicarse en la Comisión Nacional (CNDH), evadiendo así su responsabilidad legal de velar por los derechos ciudadanos en el ámbito local.
La situación escaló cuando Culebro Borrayas afirmó públicamente haber alcanzado un "acuerdo" con el senador Melgar Bravo, dando por concluido el asunto sin mediar un proceso formal de reparación del daño ni una sanción oficial. Esta acción fue interpretada por las asociaciones como un acto de protección política que vulnera la dignidad de una comunidad históricamente marginada.
Ante la falta de respuesta institucional, los agraviados han solicitado formalmente a la Legislatura Estatal que ordene a la presidencia de la CEDH la entrega de un informe transparente sobre el presunto pacto establecido con el senador. Los colectivos entregaron pruebas documentales de la negativa de auxilio jurídico y exigen que el Congreso actúe ante lo que consideran una traición a la autonomía de los derechos humanos en Chiapas.
Este caso subraya la persistencia de prejuicios en el discurso político mexicano y la urgente necesidad de que las instituciones encargadas de la justicia social actúen con imparcialidad, sin subordinarse a los intereses de los actores en el poder.
